Las 30 familias que desde hace unos diez años habitan en las viviendas construidas en un terreno en la vía hacia El Cercado, diagonal a los moteles, fueron sorprendidas este miércoles por la llegada de gran cantidad de uniformados de la Policía Municipal de Iribarren con una orden de desalojo emanada de una fiscalía del Ministerio Público.
Eliver Parra, vocero de los habitantes, informó que la orden la emitió la Fiscalía 23 del Ambiente, a instancias de una persona que asegura ser dueña de los terrenos.
Indicó que ellos poseen certificado de aseguramiento de tierrras o constancia de ocupación del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, así como ya tienen elaborado y aprobado un proyecto de viviendas.
Lilibeth Hernández, fundadora de la comunidad, por su parte, refirió que se trata de 30 familias de las que forman parte 63 niños y en la actualidad 6 mujeres embarazadas.
Dijo que el terreno que hoy ocupan en la parte baja de lo que hace algún tiempo fue un conocido restaurant, del que tomaron el nombre de Colinas de La Haya, estuvo abandonado durante unos 50 años, convertido en refugio de antisociales y escondite de carros robados.
Tanto a Lilibeth como a Parra, así como a sus vecinos, les pareció exagerada la cantidad de policías municipales que acompañaron a los encargados de cumplir la orden de desalojo emitida por la Fiscalía del Ambiente.
Otra de las vecinas señaló que, en un primer momento, los uniformados, o al menos algunos, se mostraron agresivos, pero luego “bajaron la guardia” y se portaron más amables al saber que ellos tienen la razón.
El intento de desalojo quedó sin efecto gracias a la mediación de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de la LOPNA, encargados de velar por la integridad de los niños.
Para poner fin a la situación que se había presentado, se firmó un acta convenio mediante el cual se abriría un compás de espera para que el supuesto propietario del terreno, de unos 9.800 metros cuadrados, presente la documentación correspondiente.
Sin embargo, las familias de las Colinas de La Haya, después de diez años en las casas que han construido con muchos esfuerzos, en las que ya disponen de los servicios indispensables, no están dispuestos a abandonarlas y confían en que se busque una solución que permita acabar con la zozobra que padecen cada vez que la Guardia Nacional acude con la amenaza de sacarlos por la fuerza.
Este miércoles, luego del retiro de las autoridades, la comunidad se reunió de emergencia para decidir los nuevos pasos a seguir.
