Los concejales de Iribarren recibieron el lunes 15 de agosto una convocatoria (Número SO/008-2016) para la sesión de reinstalación del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio electo para el período 2014-2016, la cual según el concejal Alejandro Natera lleva estampada “una firma falsa” sobre el nombre del ingeniero Alfredo Ramos, alcalde de la jurisdicción.
El edil comparó la rúbrica del documento recibido esta semana con convocatorias anteriores cuyo trazo es diferente. Tras entregar copias a los periodistas, aseguró que consignará la denuncia ante la Fiscalía y el CICPC, a fin de que se inicie una investigación grafotécnica y se determinen responsabilidades.
¿Quién usurpó la firma del Alcalde? se preguntó Natera y de inmediato añadió que tras visitar el despacho de Ramos para indagar sobre el tema, supo que “no había ido a trabajar el lunes 15 de agosto, porque trabajó mucho el fin de semana”, según lo que le informaron en el Palacio Municipal.
“Esto es un delito de usurpación a la función pública de un alcalde en ejercicio de un cargo de elección popular, de un funcionario responsable del destino administrativo y financiero de Iribarren”, acotó.
Natera señaló como posibles responsables a un concejal y a un director del ejecutivo local: “Ayer (el lunes) nos dijeron que quienes estaban reunidos eran el director general, Diego Mendoza y el concejal Joel Mendoza, este último fue quien mandó a entregar la convocatoria (con la firma falsa) con un mensajero de nombre Oswaldo Pérez Rojas”.
Dijo que por este tipo de situaciones es que existen sospechas de una posible malversación de fondos. “Esto da a entender que en otras oportunidades han podido usurparle la firma al Alcalde para cobrar cheques. En el Concejo Local de Planificación Pública es donde se aprueban todas las ventas de los terrenos administrados por el municipio, al igual que el presupuesto de todas las inversiones que se hacen en la localidad, ¿cómo es que el alcalde se deja usurpar su firma? Los responsables deben responder por este hecho”.
El concejal agregó que en la Alcaldía “faltan más de 236 millones de bolívares” e informó que “Imaubar se encuentra intervenida” por la Contraloría por supuestas irregularidades con las licitaciones y las operadoras que prestan el servicio de recolección de desechos.
Asume responsabilidad
La Sala Electoral del TSJ en decisión de fecha 11 de agosto de 2016, declaró “la perención de la instancia y decaimiento del objeto de la medida cautelar en el expediente número AA70-E-201-000064”, medida que dio pie a la convocaría de reinstalación enviada por el Alcalde a los concejales.
Pero según Natera, la Alcaldía ni los concejales han sido notificados de la decisión del TSJ.
“Hubo 8 meses sin revisión del expediente de parte del presidente del Concejo y por eso asumimos la perención de la instancia, pero no acataremos la convocatoria del alcalde Ramos porque trae una firma usurpada y además no hemos sido notificados oficialmente de la medida”.
