El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, se molestó con Brasil por lo que el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, definió como un intento de «comprar el voto de Uruguay» en la crisis por el traspaso de la presidencia del Mercosur, informa este martes el diario El País.
«No nos gustó mucho que el canciller (José) Serra viniera a Uruguay a decirnos -lo hizo público, por eso lo digo- que venían con la pretensión de que se suspendiera el traspaso y que, además, si se suspendía, nos iban a llevar en sus negociaciones con otros países, como queriendo comprar el voto de Uruguay», dijo Nin Novoa.
El comentario de Serra «molestó mucho» a Vázquez, expresó Nin Novoa, según la versión taquigráfica de su comparecencia ante la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados la semana pasada, publicada este martes por el diario El País.
«Venezuela es el legítimo ocupante de la presidencia pro témpore y, por lo tanto, cuando convoque a una reunión el gobierno uruguayo asistirá», señaló Nin a los diputados, siempre según el diario.
Serrá visitó Uruguay en julio en medio de una crisis por el traspaso de la presidencia del Mercosur a Venezuela, al que se oponen Brasil, Paraguay y Argentina.
Montevideo, en tanto, dejó la presidencia que ocupó por seis meses. El acto de traspaso habitual en reunión de presidentes no se realizó, pero el gobierno de Vázquez, a diferencia de sus socios, reconoce a Venezuela en ese puesto luego de que Caracas se declarara en ejercicio del cargo.
Los gobiernos de Mauricio Macri (Argentina) y Horacio Cartes (Paraguay) han criticado al gobierno venezolano por la situación política que vive el país caribeño.
El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, incluso acusó al gobierno de Nicolás Maduro de estar «buscando el cierre de un poder del Estado a través del Supremo Tribunal de Justicia, el cierre de la Asamblea Nacional», el parlamento venezolano.
Brasil alega que Venezuela no cumplió con los requisitos normativos que le exige el Mercosur a sus socios.
Maduro, de su lado, dijo que su país es perseguido por los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay, a los que llamó «la triple alianza de torturadores de Suramérica».
