La crisis que azota al país ha trascendido nuestra fronteras y los ojos de la comunidad internacional están puestos en el diario acontecer patrio.
Como deseable opción, sin menoscabo del referendo revocatorio propuesto por los sectores opositores, está un eventual diálogo entre gobierno y oposición, cuyo fin ulterior debe ser el de solventar la crisis que abate al país, tanto en lo económico como en lo político y social.
A juicio de quien esto escribe, un acuerdo político debería llevarnos a solucionar -o al menos paliar- la grave situación económica que nos azota y golpea duramente a todos los sectores de la sociedad y en forma despiadada a las clases más menesterosas, amenazando incluso en trastocarse en violencia incontrolable.
Como en todo diálogo tendente a buscar un acuerdo entre partes encontradas, la desconfianza surge prima facie, sobre todo cuando las posiciones que convergen en ese diálogo están insufladas de radicalización, enraizamiento explicable por la larga polarización surgida entre los venezolanos a lo largo de más de tres lustros.
A mi juicio, no contribuye sin embargo nada al acercamiento entre los contendores, la posición que suele asumir el jefe de Estado en la mayoría de sus intervenciones televisivas, al pretender promover el diálogo pero sin dar muestras convincentes de que esa sea su verdadera intención.
Recurre ab initio en la mayoría de los casos a un discurso soez, encaminado a descalificar al oponente, y cargado de soberbia y prepotencia. Pese a ello, el diálogo es posible y deseable, pero para que ese diálogo se concrete en un acuerdo, en una transacción, que en términos jurídicos implica renuncia de derechos de ambas partes, se requiere mutua confianza y una sincera voluntad de llevar a feliz término el fin propuesto.
El diálogo constituye una opción valedera y de ello está consciente un vasto sector de la oposición, siempre y cuando tal aceptación no implique claudicar en justas pretensiones y renunciar a derechos inmanentes.
El referendo revocatorio constituye un clamor popular y por tanto no negociable, y su consagración como derecho en el texto legal no es meramente enunciativo sino taxativo, expreso, indeclinable y por tanto exigible. En cuanto a la libertad de los presos políticos, caso de materializarse, aparte de constituir un loable gesto humanitario disipador de tensiones, vendría a ser una clara e indubitable muestra de buena fe del sector oficial, que sin lugar a dudas inspiraría confianza en aquellos sectores de la oposición que ven en la opción del diálogo propuesto por el gobierno, solo un taimado recurso para ganar tiempo. Rafael García Hernández
