“Hokshe, es un pueblo nepalí muy pobre donde sus habitantes son conocidos por vender sus riñones. Muchos de sus habitantes son analfabetos, y todos dicen estar dispuestos a pasar por el trance. Durante más de una década, los traficantes de órganos han acudido abiertamente al pueblo para ofrecer dinero a cambio de órganos, los cuales serán vendidos a pacientes ricos de la India. Luego los llevan a ese país para la cirugía, como es de esperarse siempre los engañan y les pagan una ínfima parte de lo ofrecido, inmediatamente después de la operación sufren deterioro de la salud, dejan de trabajar y sin futuro a sus familias.
En Venezuela estamos vendiendo al igual que los habitantes de Hokshe nuestros riñones, también los pulmones y la sangre. 111.800 kilómetros cuadrados, el 12% del territorio nacional y el 30% de los bosques se los estamos otorgando a concesionarias mineras internacionales, que vienen sin piedad a devorar la patria y a contaminar la segunda reserva de agua dulce de Suramérica, el Orinoco”, tal afirmación pertenece a un artículo de opinión titulado “Minería a cielo abierto: solo autorizada en los países muy necesitados”, escrito por Lenín Cardozo, identificado como ambientalista venezolano, y publicado en la página web de Aporrea, unos días después de la publicación del Decreto 2.248 para la explotación del denominado Arco Minero del Orinoco (AMO), emitido por el presidente de la República, Nicolás Maduro.
La medida se oficializó el 24 de febrero de 2016 (en Gaceta Oficial Nº 40.855) y desde entonces ha desencadenado una serie de movilizaciones y de rechazo de parte distintos sectores de la sociedad venezolana, debido a sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo, porque plantea una explotación minera a gran escala.
Expertos en materia ambiental y de distintas áreas del conocimiento coinciden en que las consecuencias de esta práctica, sea cual sea su forma, representa una de las acciones que arrasa con los territorios, con las arraigadas y plurales manifestaciones y prácticas sociales, produciendo así un etnocidio imposible de prever en su magnitud, según destaca el pronunciamiento de la Escuela de Sociología de la UCV, en el cual además señalan algunas de las repercusiones:
- Incremento del calentamiento global.
- Reducción de la biodiversidad en todas sus manifestaciones.
- Desaparición de especies animales y vegetales.
- Deforestación a gran escala.
- Remoción y contaminación de extraordinarias cantidades de tierras vitales imposible de regenerarse (extracción y envenenamiento de 700 millones de toneladas de material en 70 años para extraer 7000 toneladas de oro).
- Contaminación de bienes comunes como nuestros suelos, grandes pulmones vegetales y reservorios acuíferos cada vez menos disponibles y más escasos para las poblaciones humanas de todo el país.
Seis meses de controversias
Este agosto se cumplen los seis meses que otorga el decreto para la elaboración de un Plan de Desarrollo Específico de la Zona, por parte de todos los ministerios creados en el país, y a la fecha se desconocen detalles de la posible planificación.
El Gobierno sigue adelante con el proyecto. Maduro firmó el 5 de agosto contratos para inversiones en el Motor Minero por una cantidad de 4.500 millones de dólares en lo que resta del año 2016 y 2017. “Son recursos que vienen a desarrollar la economía venezolana”, dijo.
Según una nota publicada el 10 de agosto en el Correo del Orinoco “más de 600 organizaciones de pequeños mineros artesanales del estado Bolívar, que agrupan a 50.000 hombres y mujeres dedicados a la extracción de oro, se han inscrito en el Registro Minero creado por el Gobierno Nacional, para incorporarlos a los proyectos del AMO”, indicó el presidente del Instituto Autónomo Minas Bolívar (Iamb), Armando Jhon Madero.
Mientras tanto, distintas Organizaciones No Gubernamentales han expresado su rechazo al proyecto, así como grupos indígenas afectados y colectivos de profesionales, que han desarrollado campañas informativas.
Incluso la exministra de Ambiente, Ana Elisa Osorio, introdujo junto a un grupo de personalidades entre las que figuran Héctor Navarro y Clavel Rangel, un recurso de nulidad del Decreto que ya fue admitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aunque éste no ha emitido ningún pronunciamiento.
La Asamblea Nacional, de su lado, negó la autorización al Ejecutivo para la explotación del AMO y emitió un acuerdo en el cual proclama que se mantienen vigentes los decretos que crearon las reservas forestales de Imataca de 1961 y 1963, la reserva forestal de El Caura (1968) y otras áreas protegidas de todo el país, basados en la necesidad de preservar las últimas reservas de agua dulce, no contaminada, ubicadas al sur del Orinoco.
Fijan posición
Red ARA propone “arco sustentable”
A principios de junio la Red de Organizaciones Ambientales de Venezuela (Red ARA) publicó un comunicado en el que une a diferentes organizaciones y personalidades en el rechazo a la decisión del Ejecutivo Nacional de implementar el llamado Macroproyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) que se “plantea como una pretendida solución económica ante la caída de los precios del petróleo”. Asegura que la decisión está lejos de la senda de un desarrollo sustentable y “profundiza el actual modelo rentista y extractivista”.
Considera que el AMO representa un peligro mayor para el ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos de la población, tanto en la región de Guayana como en todo el país, incluso con posibles repercusiones internacionales por la diseminación a gran escala de contaminantes. “Si este proyecto es implementado, pudiera convertirse en el mayor ecocidio jamás perpetrado en el país y potencialmente en un etnocidio que destruiría los pueblos y culturas originarios”.
“Creemos que toda la cuenca del Orinoco contiene suficiente potencial biológico, socionatural y cultural que permitiría fácilmente plantear un ‘Arco de Desarrollo Sustentable del Orinoco’, donde la protección ambiental y de las comunidades indígenas se articule con diversas alternativas económicas sustentables”.
CANP desconoce decreto
El Comité de Áreas Naturales Protegidas de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales desconoce el Decreto 2248 por considerarlo inconstitucional y ecológicamente insustentable, según el comunicado publicado en su página de Facebook a principios de julio.
“Este arco comprende cuatro zonas: Guayana, La Paragua y El Caura, la cuenca del Caroní y Sierra de Imataca… El área decretada como zona de explotación equivale a un 12% del territorio nacional, y corresponde a una zona de gran fragilidad ecológica por lo difícil de restaurar un área que es biológicamente diversa y por la pérdida de biodiversidad que causaría la actividad minera”.
El Decreto 2.248 es inconstitucional porque no fue discutido en la Asamblea Nacional ni se realizaron las debidas Consultas Públicas a las comunidades originarias, que habitan los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. “Además, pretende desafectar de facto varias Áreas Bajo Régimen de Administración Especial como las ubicadas en la cuenca estratégica del río Caroní, el Monumento Natural Cerro Guanay, la Reserva Forestal Imataca, entre otras. Asimismo, incumple con acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial y otros”.
Escuela de Sociología-UCV
También en el mes de julio los profesores y egresados de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) emitieron un pronunciamiento de rechazo al proyecto AMO, por las “graves e irreversibles” consecuencias socio-ambientales que traería consigo.
“Su creación viola los artículos 120 y 123 de la Constitución, la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (enero 2001) y La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI, diciembre 2005). Están seriamente amenazadas culturas vivas, expresión de nuestra diversidad como pueblo, encarnados en poblaciones que habitan en esta amplísima franja territorial como los Warao, Akawayo, E’ Ñepa, Pumé, Mapoyo, Kariña, Arawak, Piaroa y Pemón, Ye’kwana y Sanemá”.
Además, indican, este modelo biopolítico transnacional de las empresas mineras trae consigo actividades en sí mismas violentas como la corrupción, la prostitución, el alcoholismo, el tráfico de drogas, la violación de menores, la represión policial y militar.
“No puede justificarse el objetivo difuso de crecimiento de la riqueza económica a expensas de atentar contra la vida, modos de existencia y reproducción de los seres humanos y de la naturaleza que allí viven”.
COIAM
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) y el colectivo ambiental Homo Et Natura publicaron en junio comunicados que advierten sobre los daños a los indígenas, a sus hábitats y al país.
Destacan que “la mayoría de las experiencias de extracción minera en el mundo han demostrado ser ineficaces en el cumplimiento de ser salvaguardas ambientales, y en su mayoría han producido destrucción de bosques y contaminación generalizada… creemos que la propuesta de promover la minería del oro en la región Guayana, representa una evidente contradicción entre la intención de salvar el planeta y la especie humana, tal como señala el Plan de la Patria 2013-2019, y la de promover el desarrollo de la minería lícita en la región amazónica, como supuesta alternativa a la minería ilegal destructiva”.
“Nos preocupa seriamente que este nuevo instrumento legal haya sido aprobado sin la consulta previa e informada a los pueblos indígenas afectados a que hace referencia el artículo 120 de la Constitución, las disposiciones de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), y la Ley Aprobatoria del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo; y sin que el Estado venezolano haya realizado la demarcación efectiva de los hábitats y tierras indígenas”.
