La serie de eventos que ha venido ocurriendo en nuestro país alrededor del anuncio oficial de explotación del denominado Arco Minero del Orinoco da lugar para pensar en la concreción de una idea bajo tal denominación, para efectos de su análisis. Sobre todo por lo que está en juego.
Se trata de implementar una decisión de economía política y de política económica en un área de 111.800 kilómetros cuadrados con reservas mineras muy importantes, de carácter estratégico para el desarrollo nacional, en medio de una crisis que pareciese no dejar otra alternativa, con todo el riesgo que traduce acometerlo bajo los parámetros del extractivismo rentista con el cual se ha conducido la gestión gubernamental desde hace más de un siglo.
Lo controversial, remite a la disputa tradicional, sin que se aprecie en este momento, un modo diferente de hacerlo, en el ambiente de polarización que se vive. De nuevo, prevalecen la inmediatez, la urgencia y el pragmatismo, con todo el grado de autoritarismo requerido, por encima del consenso nacional, tratándose de una medida que puede hipotecar la capacidad y la oportunidad de las generaciones futuras, en términos de sustentabilidad.
Expediente connota un proceso judicial donde se dirime la responsabilidad, independientemente de la naturaleza de esta, el daño implícito y la reparación o compensación que conlleva. En este caso, también da pié para evocar aquella serie televisiva estadounidense que por varios años cautivó a la audiencia mundial, por su dosis de misterio, conspiración y espionaje al más alto nivel gubernamental y corporativo, relacionado con el mundo alienígena y la ciencia ficción. La búsqueda de pruebas era el leit motiv de los agentes del FBI.
Pruebas y testimonios documentales es lo que arroja la realidad, como respecto a la intrincada madeja de intereses que se entretejen en el expediente de la Gold Reserve y los registros que se acumulan para los archivos o memoria del ARCO.
La empresa transnacional canadiense ha sido objeto de denuncias internacionales por la manera como explota y destruye el ambiente. Su actuación en país, llevó a que en el 2009, por decisión del fallecido presidente Chávez, le fuese rescindido el contrato, en el marco de la política de expropiación y de nacionalización que se impulsó en aquel entonces.
Para el 2012, el propio Chávez anuncia públicamente el proyecto de explotación del Arco Minero. En el reciente acto donde se refrenda la firma de acuerdos y convenios por el orden de los 4.500 millones de dólares para “arrancar el Motor Minero”, la Gold Reserve, cual “vedette del espectáculo”, ante la complacencia del Presidente Maduro y el asombro de algunos televidentes, incluyéndome, se refirió a la indemnización que recibiría y la buena pro del gobierno para reiniciar sus operaciones.
En sus palabras de agradecimiento, el primer mandatario añadió: “La nueva política de desarrollo minero es profundamente soberana, ecologista y con una visión de desarrollo integral”; al tiempo que otorgaba reconocimiento a los empresarios nacionales e internacionales que apuestan por el desarrollo del país.
Atrás quedaban las arengas en contra del imperialismo y del capitalismo. Una apertura minera equivalente a un modelo neosocialista, cuyo invocación en Panamá le había costado el cargo a Pérez Abad, no así a Eulogio del Pino, por declaraciones similares ante el Directorio de la Cámara Venezolana de Petróleo, refiriéndose a los errores de la política de expropiación propiciada por Chávez, en el sector de servicios de transporte, en el Lago de Maracaibo.
Para la memoria colectiva de los venezolanos, al presidente Maduro, le faltó agregar el rótulo: “Negocios son Negocios”, en el expediente de la Gold Reserve.
