Arquitectos, abogados, ingenieros, autoridades municipales y regionales, especialistas aeronáuticos, el presidente de Fedecámaras Lara y representantes de Cámara de Industriales larense, confluyeron la mañana de este miércoles para discutir acerca de la problemática que se presenta en el Cono de Seguridad del Aeropuerto Jacinto Lara de Barquisimeto, en el que están en riesgo las vidas de miles de personas y en el que la región puede quedar sin el importante terminal aéreo.
Allí, como representante del colegio de Ingenieros del estado Lara, Ángel García, sostuvo que la edificación de un nuevo terminal, además de una inversión no menor a los 350 millones de dólares, implicaría realizar estudios de accesibilidad y otros sumamente complejos.
“La reubicación del aeropuerto es caso negado porque el costo de uno nuevo es el mismo del todo presupuesto del estado Lara de diez años. No hay posibilidad económica (…) Es 70 veces más económico mudar a los habitantes que mudar el aeropuerto”, indicó.
Al mismo tiempo, acotó que el levantamiento de un aeropuerto que cumpla con las especificaciones internacionales, como con el que se cuenta actualmente, supondría un gasto de 800 millones de dólares, mientras que con 5 millones de dólares se podría habilitar viviendas para mover a los ciudadanos y desafectar los terrenos ocupados.
“Tiene que darse un plan quinquenal. Se sacan a las personas que están con más riesgo primeramente y tiene que ser programa del Gobierno nacional, regional y local”, dijo.
Aeropuerto es sumamente necesario para empresarios
El presidente la Cámara de Industriales en Lara, Giorgio Reni, recordó que el aeropuerto de Barquisimeto es un ente de suma importancia no solamente para los empresarios de la entidad sino de toda la región, pues cubre las necesidades de Yaracuy, Portuguesa y parcialmente de Trujillo.
“Nos preocupa la ciudad. La necesidad es altísima y nuestro proyecto de crecimiento a futuro porque con un aeropuerto como el que tenemos podríamos despachar productos de exportación a las islas más cercanas a la zona”, manifestó.
La seguridad aérea en peligro
Las aves de rapiña que son atraídas a las adyacencias de la pista de aterrizaje por la basura que generan los residentes del Cono de Seguridad, es uno de los tantos factores que ponen en riesgo la vida de pilotos y pasajeros recordó William Reina, directivo de Proinlara y especialista aeronáutico durante su intervención.
Al mismo tiempo, sugirió enfocarse en el desarrollo del terminal aéreo al cual, a su juicio, aún le queda mucho por aportar a la región.
Señaló que se cuentan con las condiciones idóneas para sacarle provecho a la importación, pues existen “aerolíneas interesadas, aduana aérea, una buena pista y voluntad internacional. Un aeropuerto lo que da es crecimiento”, acotó.
Las familias son prioridad para la Alcaldía
El director general de la Alcaldía del municipio Iribarren, Diego Mendoza, reiteró que desde el ejecutivo local es prioridad darle respuesta a las necesidades de los ocupantes, aunque también agregó que insistirán en cumplimiento de las normas pertinentes pero sin dejar a un lado el “drama social” que sufren los ciudadanos.
“Tenemos como línea de acción acondicionar el actual aeropuerto con el fin de dar paso a proyectos de mayor envergadura como lo es uno nuevo aeropuerto (…) Hay que tener claro que hay un hecho social al cual hay que atender teniendo en cuenta la situación de precariedad que se vive actualmente en el país”, recalcó.
Además reprochó que quienes hoy dirigen Coporlara, conscientes de las consecuencias, promovieran las invasiones y han procurado el establecimiento de las personas en el sitio.
«Este es un problema heredado. Con o sin titularidad esas personas va a seguir ahí (…) Esos son habitantes a los cuales hay que atender, estamos en toda la disposición de tener todas las conversaciones necesarias», vociferó.
También celebró este tipo de espacios de debate aunque asegura que en ellos debe darse el basamento jurídico y técnico para que se materialice cualquier tipo de proposición, por ello tienen pensado la creación de una dirección de planificación urbana en la alcaldía.
Finalmente se acordó la creación de una comisión técnica conformada de arquitectos, abogados, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y representantes de la municipalidad y la Gobernación del estado Lara, que tendrá como fin la elaboración de un «mapa de ruta» para atender los inconvenientes.
