El Arco Minero no sólo violenta las garantías de los pueblos aborígenes, sino que consuma un acto de traición a la patria, porque la soberanía puede rescatarse pero la contaminación de un río como el Orinoco no tendrá retorno, aseguró el diputado Américo De Grazia.
Tras la medida presidencial de firmar contratos con empresas extranjeras para “promover el motor minero”, De Grazia insistió en que el Gobierno nacional reitera su deseo de construir un rentismo minero para sustituir el petrolero, que por décadas ha mantenido al país.
Expresó que estas compañías, en su mayoría, canadienses, utilizarán agentes como el mercurio y cianuro, lo cual causará la contaminación y depredación de las cuencas, cuyas consecuencias inmediatas serán dejar a Venezuela sin agua. A su juicio, este “negocio” consolidado el pasado viernes por el presidente Nicolás Maduro no es viable.
“Perjudica, asimismo, la mayor inversión que el país ha hecho en energía hidroeléctrica – la cuenca estratégica del Caroni -, de la cual depende todo el complejo de represas: Guri, Macagua I, II y III y Caruachi, que surten más del 65 % de electricidad al país”, agregó.
Ratificó que aquellas empresas extranjeras que posean pactos con la nación, estarían involucrándose en un acto ilegal porque la Asamblea Nacional no aprueba tales efectos y mucho menos cuando se conforme un gobierno democrático, porque se declararán írritos e inconstitucionales, lo cual quiere decir, que no representarán una obligación alguna.
Indicó que existe una banda de legitimación de delincuencia minera, integrada por el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes; el ministro de Desarrollo Minero y Ecológico, Roberto Mirabal y por el secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguarda de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de nombre José Khan.
En ese sentido, el también dirigente de La Causa R y presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional encargado de investigar esta situación, manifestó que no claudicarán en su lucha para evitar la pérdida de la soberanía.
“Seguiremos explorando la forma jurídica y legal de frenar todo ese aventurerismo mercantilista y mercenario que hoy pretende entregar nuestra soberanía y patrimonio a empresas trasnacionales, sin cumplir con la normativa constitucional”.
Sin garantía a un ambiente sano
Por su parte, el coordinador general de la ONG Programa Venezolano en Educación- Acción de Derechos Humanos (PROVEA), Rafael Uzcátegui, opinó en torno al tema que el Estado estaría omitiendo el impacto ambiental de esta acción y la posible afectación de los pueblos indígenas.
“Si no se asumen las medidas necesarias para mitigar los efectos de este tipo de actividad minera y extractiva sobre el modo de vida de las comunidades originarias -y también de las poblaciones campesinas asentadas en tales perímetros-, surgirán otras repercusiones lesivas como la garantía al ambiente sano, las consecuencias en cuanto a agua o electricidad, que pudieran agravar aún más la crisis en la prestación de servicios básicos”, admitió.
Según considera, el Parlamento nacional está en el deber de detener cualquier proyecto que no cumpla las exigencias emanadas de la Constitución de la República, pues el Ejecutivo no incluye en la toma de decisiones a los actores respectivos y necesarios para el diseño de nuevas políticas, en este caso, ambiental y económico.
