Convocado el parlamento a fin de discutir la grave crisis que atraviesa el país, en los órdenes, económico, institucional, moral, político y social. El primer diputado en tomar la palabra, expresó, más o menos, lo siguiente: Esta crisis no tiene parangón en nuestra historia y no solo no se resuelve, sino que se agudiza día a día. Por eso, queremos decir que ha llegado la hora y el momento de que digamos nuestra verdad ante el país y ante la historia, porque este cuerpo legislativo no puede seguir silenciando esta grave situación y tiene que hacer un enjuiciamiento global de ella, porque el estado de ilegalidad pasa por atropellos reiterados a las resoluciones de este parlamento, por violaciones a la Constitución Nacional, por usurpación de funciones, por atropellos contra los derechos de los ciudadanos, a los medios de comunicación y en algunos casos, hasta a la libertad de las personas. En ese cuadro, señor Presidente, no caben soluciones de pañitos tibios. Dentro de este cuadro, cuando el país se desmorona, no caben pequeñas maniobras de política superestructural.
Luego de algunas intervenciones de diputados opositores, tomó la palabra uno de los parlamentarios de la bancada del gobierno, quien no negó las graves acusaciones proferidas contra el ejecutivo, pero trató de justificar sus actuaciones señalando que el problema de fondo no es otro que el estado de derecho y su justa correlación con las transformaciones económicas. Luego intervino un joven parlamentario de la oposición quien arremetió contra los diputados oficialistas expresando: “ustedes, bandas de traidores, bandas de cobardes, bandas de vendidos, bandas de mentirosos, hipócritas, están descalificados para hablar de guerra civil”.
Después de las intervenciones de parlamentarios opositores, tomó la palabra otro de los diputados oficialistas, quien pronunció un discurso amenazante sosteniendo que, si se aprobaba una resolución contra el Poder Ejecutivo, fuerzas extranjeras invadirían el país.
El acuerdo condenatorio fue aprobado por casi dos tercios de los diputados, en el se acusó al gobierno de veinte violaciones concretas a la Constitución y las leyes, entre las cuales destacaban amparar grupos armados, detener y torturar a personas ilegalmente, amordazar la prensa, manipular la educación, confiscar la propiedad privada, formar organismos sediciosos, violar las atribuciones del Poder Judicial , del Congreso y de la Contraloría, todo ello con el fin de instaurar en el país «un sistema totalitario». Esta histórica sesión fue celebrada el 22 de agosto de 1973 en la Cámara de Diputados Chilena.
