Expertos advirtieron que el Plan de Desarrollo de Inversiones del Arco Minero, por parte del Gobierno de Miraflores, presentado este viernes con la suscripción de convenios de carácter nacional e internacional, incurre en perjuicios contra el ecosistema, los recursos del país y los pueblos indígenas, además de representar un acto contra la Carta Magna.
“Lo que se está haciendo es una vulgar entrega del país en este acto nulo e írrito pues se trata de una negociación que no cuenta con la aprobación constitucional, que no ha sido legitimada por la Asamblea Nacional. Se legalizan el crimen ecológico, el etnocidio y el genocidio que henos venido denunciando”, manifestó el diputado por la Unidad Américo De Grazia.
«Traición a la patria»
“Se inició el desmembramiento de Venezuela en la zona de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Esas concesiones representan más del 12 por ciento del territorio nacional. Se afectan, igualmente, las reservas de agua dulce potable no contaminada más importantes ubicadas al sur del río Orinoco; la reserva forestal de Imataca, con 3 millones 800 mil hectáreas de bosque tropical; y la del Caura” afirmó Alexander Luzardo, quien fuera senador del extinto Congreso y redactor de las normas ambientales del vigente texto constitucional.
El analista calificó el Arco Minero y al decreto 2248 que lo sustenta como “obra de la política entreguista de Nicolás Maduro y su banda minera de legitimación de la delincuencia minera, integrada por el presidente del BCV».
“Junto con violentar garantías de los pueblos aborígenes consuma hasta un acto de traición a la patria, porque la soberanía puede rescatarse pero la contaminación de un curso fluvial como el Orinoco y la depredación de las cuencas estratégicas, dejando a Venezuela sin agua, no tendrá retorno: hablamos de un triple crimen, es decir, un genocidio, un etnocidio y un ecocidio”, apuntó.
Lea también:
60% de las ganancias del Arco Minero irán a las misiones
