La junta directiva de Inversiones y Servicios Caracas (Inserca) manifiesta que la empresa hasta el día de hoy es víctima de la ilegalidad, negligencia e irresponsabilidad de las actuaciones del ejecutivo municipal y sus directivos.
El caso es, la suspensión de su permiso de construcción, al exigirles un estudio sísmico de Funvisis (dicha investigación no está dentro del marco legal para el otorgamiento de la concesión y menos aún para su anulación).
La empresa efectuó su estudio y se convirtió en la constructora pionera en el estado Lara en practicar un análisis geofísico y geológico-neotectónico dentro de su proyecto de edificación. Inserca lo presentó ante el Colegio de Ingenieros, Alcaldía y la Dirección de Planificación y Control Urbano (DPCU).
No obstante, el ingeniero Morteza Goodarzi, como representante de Inserca, alegó que DPCU niega en levantar la suspensión, y los trasladó al despacho del alcalde; más sin embargo, en días posteriores mediante una resolución les notificaron que el caso quedaba en manos de la Consultoría Jurídica de ese órgano superior.
“Ante eso nos preguntamos: Qué intereses ocultos existe en esta suspensión ilegal. Además si el estudio de Funvisis no le interesaba para nada, por qué lo usaron como argumento para la suspensión. A otras construcciones en la zona no les piden el estudio ni los paralizan, pero a nosotros si. Alguien se beneficia y exigimos respuestas”.
Considera que su caso se ve afectada por las malas decisiones acogidas en los últimos meses por la arquitecto Zulay Briceño. Exigen una respuesta inmediata en los próximos días, o se verán en la tarea de imponer una acción de amparo constitucional en contra de las medidas irritas desplegadas en principio por el DPCU y actualmente por el alcalde.
Afirma que Inserca cumple con todo lo que exige la ley , y lo que no, también; no existiendo argumentos técnicos ni jurídicos que permitan dicha medida.
Goordarzi atribuye la responsabilidad del asunto al alcalde del municipio ingeniero Alfredo Ramos. Él debe revertir inmediatamente la suspensión provisional de la constancia de adecuación de variables urbanas fundamentales, emitida por la DPCU, que pesa sobre su empresa.
“Solicitamos al ejecutivo municipal tomar las acciones correctivas inmediatas y sin dilación en el marco de sus competencias ajustadas a la ley; de lo contrario queda a salvo el ejercicio de nuestro derecho ante acciones de carácter penal y civil en contra de la alcaldía del municipio Iribarren y del DPCU, así como de aquellos funcionarios que de una u otra forma han intervenido en los hechos aquí denunciados”.
