Demandan al Grupo Hispania por presunta estafa

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La mañana de este martes la Asociación Civil Quiero mi inmueble interpuso una demanda ante la Fiscalía del Ministerio Público en el estado Lara en contra del Grupo Hispania y asociados de esta constructora por presunta estafa, con el fin de solicitar el inicio de las investigaciones pertinentes del polémico caso.

La directiva de la organización, en representación de los más de 400 copropietarios que se están viendo afectados por la paralización de cinco obras inconclusas ubicadas en el Triángulo del Este, tomó dicha decisión luego de agotar todas las instancias conciliatorias posibles y no obtener respuesta positiva alguna de parte de los responsables del levantamiento de las edificaciones.

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“Es un abuso (…) Tienen que darnos la cara todos los socios de las distintas compañías del grupo, no es solamente Blavia porque él es la pura cara”, manifestó el presidente de la asociación, Joel Uribarrí.

Les solicitan más dinero para las entregas

Explicó Uribarrí que en diversas oportunidades les han sido exigido realizar un pago en dólares para la entrega de conjuntos residenciales, a los que solo les faltan detalles. Además, les han dicho que no continuarán con las construcciones por falta de recursos.

“Hay gente que, por ejemplo, debía 200 mil bolívares y les están pidiendo 35 mil dólares por el inmueble (…) Nos dijeron que no pueden culminarse por falta de dinero, pero eso es mentira porque el Grupo Hispania está construyendo en Aruba un edificio”, dijo.

Más de seis años de retraso

Estas construcciones presentan entre tres y más de seis años de retraso en su culminación y algunas, no pasan del movimiento de tierra inicial. En el Centro Financiero Torre Ibérica, situado en la intersección de la av. Bracamonte con av. Críspulo Benítez, el conjunto residencial Plaza Mayor, los edificios Serrano, Salamanca y la Torre DirecTV, no se evidencia trabajo obrero alguno.

Introducida la demanda, ahora la asociación solicitará a la Fiscalía General de la República la designación de un Fiscal Nacional que aboque a dar celeridad al proceso, debido a la cantidad de personas afectadas. Asimismo, acudirán al Consejo Legislativo del estado Lara y a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda de Venezuela en los próximos días.

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