El presidente venezolano Nicolás Maduro amenazó a la Asamblea Nacional con cortarle el envío de recursos por incorporar a tres diputados opositores que fueron suspendidos el diciembre pasado por el Tribunal Supremo de Justicia.
«Estando esta Asamblea Nacional fuera de la ley, yo como jefe de la hacienda pública, no puedo depositar recursos en una asamblea inexistente», dijo el presidente el martes por la noche durante su programa de televisión «Contacto con Maduro», en el que anunció que solicitó al máximo tribunal del país una consulta sobre la posible suspensión del envío de recursos al Congreso.
La semana pasada, el legislativo controlado por la oposición incorporó a tres diputados del estado sureño de Amazonas que fueron suspendidos en diciembre pasado por el máximo tribunal por supuestas irregularidades en su elección.
Maduro dijo que pidió la nómina de trabajadores y obreros del Congreso para hacerle los pagos de sus salarios, función que es responsabilidad de la directiva de la Asamblea. De concretarse la medida, los 109 diputados opositores y los 54 del oficialismo quedarían sin ingresos mensuales.
La Asamblea Nacional no tiene fuentes de ingresos propias y depende de lo que recibe por la vía de presupuesto nacional que maneja el Ejecutivo.
La oposición asumió en enero el control del Congreso que por 17 años fue manejado por el oficialismo. Desde inicios de año se desató un abierto enfrentamiento entre los poderes público que ha generado una crisis política en medio de la compleja situación económica que enfrenta el país suramericano.
En lo que va del año el Tribunal Supremo de Justicia, que es vinculado al oficialismo, ha emitido al menos 18 sentencias contra las leyes y acuerdos aprobadas por la mayoría opositora del Congreso que han limitado las funciones del Legislativo y lo mantienen cercado legalmente.
Algunas figuras vinculadas al oficialismo han planteado la disolución del Congreso, pero la propuesta no ha properado.
En un abierto reto al máximo tribunal, la Asamblea Nacional juramentó e incorporó el 28 de julio a los diputados opositores de Amazonas, Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, que fueron suspendidos en diciembre pasado.
La incorporación de los tres diputados fue anulada esta semana por el Tribunal Supremo de Justicia que advirtió que «se reservará todas las acciones o procedimientos judiciales a que haya lugar, con el objetivo de exigir las responsabilidades respectivas y mantener el orden constitucional».
La acción de la Asamblea Nacional también fue rechazada el pasado sábado por el procurador general, Reinaldo Muñoz, que acusó al legislativo de incurrir en actuaciones «írritas», y planteó que la Asamblea Nacional «se encuentra ahora ilegal e ilegítimamente constituida».
Muñoz dijo que «es forzoso precaver la nulidad de los actos emanados de su seno como resultado de la ilegalidad en la constitución del Parlamento Venezolano, afectando incluso la validez de sus convocatorias y quórum».
