Con la validación de las firmas y huellas de casi 400.000 electores la coalición opositora superó la víspera una primera fase del proceso, pero ahora deberá afrontar una etapa crucial que implicará la recolección de los registros de 20% de los electores, el equivalente a casi cuatro millones de votantes, para lograr finalmente activar la consulta popular.
«Esta situación aún no nos coloca en una autopista de cara al referendo revocatorio pero sí nos coloca en una carretera más amplia y con menos obstáculos», afirmó el martes el secretario general de la alianza opositora, Jesús Torrealba.
«Vamos a pelear, lo tengo que decir con claridad, no sólo por la fecha del 20%, también vamos a exigir las condiciones», indicó Torrealba al asegurar que la oposición solicitará unas 40.000 máquinas capta huellas para recolectar en tres días los registros.
El dirigente opositor y alcalde del municipio capitalino de Sucre, Carlos Ocariz, anunció que tras recibir la certificación de la validación del 1% de los registros, la coalición consignó la tarde del martes una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral para que fije la fecha para la nueva recolección de las firmas.
La alianza debió enfrentar un difícil obstáculo en la primera fase del proceso cuando el Consejo Nacional Electoral sólo aprobó unas 300 máquinas a nivel nacional para validar entre el 20 y 24 de junio las firmas de más de un millón de opositores, lo que se convirtió en un cuello de botella que impidió a varios centenares de miles de personas certificar sus rúbricas.
La oposición convocó para el miércoles y jueves a movilizaciones en Caracas y otras ciudades para exigir la fecha y las condiciones de la recolección del 20% de los registros.
Hasta el momento las autoridades electorales no han ofrecido comentarios sobre cuándo se realizará la nueva colecta de firmas y huellas.
Uno de los directores del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, anunció que el organismo electoral se tomará 15 días para evaluar la solicitud de la coalición.
Rondón descartó que las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General sobre las supuestas irregularidades en la recolección de las rúbricas, las 5.600 demandas que hay contra la consulta y la solicitud que realizó el oficialismo para retirar la inscripción de la alianza de la Mesa de la Unidad Democrática puedan afectar la nueva fase del proceso.
El politólogo John Magdaleno, director de la firma local de consultoría política Polity, afirmó que la oposición deberá enfrentar ahora la etapa «más compleja» del proceso debido al «clima de mucha incertidumbre» que impera en el país y las presiones que podría llegar a ejercer el Ejecutivo para demorar la realización este año del referendo.
Sin embargo, agregó en diálogo con The Associated Press que la decisión del Consejo Nacional Electoral de validar los registros de 1% de los electores incrementará la presión nacional e internacional para que la consulta se realice este año, lo que podría favorecer a la oposición.
Si la consulta se lleva a cabo en 2017 los últimos dos años del actual período presidencial deberán ser completados por el vicepresidente, según establece la constitución.
Para revocar el mandato el refrendo deberá superar el número de votos que obtuvo Maduro en los comicios de 2013, es decir, poco más de 7,5 millones de sufragios.
Magdaleno indicó que el oficialismo está concentrando todas sus acciones para «desmoralizar» a la oposición y evitar el referendo este año, pero manifestó sus dudas de que el gobierno, cuya popularidad ronda 23%, pueda contener la crisis política que desataría la postergación de la consulta para 2017.
Maduro enfrenta este proceso en medio de una compleja crisis económica dominada por una desbordada inflación de tres dígitos y severos problemas de escasez que han golpeado la popularidad del gobierno y generado un creciente descontento que se manifiesta en protestas callejeras y saqueos de comercios.
