La vinculación de trabajadores del sector privado a labores del campo, planteada por el gobierno venezolano ante la aguda escasez de alimentos, será voluntaria y no obligatoria, aseguró este lunes el diputado Francisco Torrealba.
«Aquí nadie va a ser forzado a ir, en contra de su voluntad, a un lugar al que no quiera trasladarse», señaló el legislador dirigente del principal sindicato chavista, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST).
Una resolución del ministerio de Trabajo, publicada la semana pasada en el marco de la emergencia económica vigente en Venezuela, señaló que las empresas públicas y privadas estaban obligadas a ceder empleados temporalmente para reforzar proyectos agroalimentarios en medio del severo desabastecimiento.
Torrealba expresó que la palabra «voluntariamente» fue omitida en el documento por «un error de tipeo», el cual, indicó, será corregido.
El ministro del Trabajo, Oswaldo Vera, «me ha dicho que es un error», afirmó el parlamentario en entrevista con el canal privado Globovisión.
Dirigentes sindicales y gremiales consultados por la AFP habían rechazado la medida.
«Prácticamente obliga a los trabajadores a someterse a trabajo forzoso y acaba con el libre albedrío», declaró Marcela Máspero, coordinadora de la organización sindical Unión Nacional de Trabajadores (UNETE).
«La llamamos resolución de confiscación de personal, porque es lo que hace realmente», expresó por su parte Francisco Martínez, presidente de la mayor patronal venezolana, Fedecámaras.
Sin embargo, Torrealba subrayó que «no habrá espacio para que se produzca neoesclavismo».
El texto no detalla los mecanismos para la cesión de los empleados, ni los períodos durante los cuales podrán ser reasignados.
El país petrolero sufre una escasez de 80% de alimentos y medicinas, que el gobierno vincula a «una guerra económica» para provocar la caída del presidente Nicolás Maduro.
