De manera lamentable la Asamblea Nacional de Venezuela hoy se encuentra conformada de manera ilegal e ilegitima, por no acatar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que suspende a los diputados electos por el estado Amazonas.
Dicho pronunciamiento fue realizado este sábado por el Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, quien se pronunció con respecto a la reincorporación de los diputados Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana.
«La Procuraduría General de la República manifiesta su profundo rechazo a las actuaciones inconstitucionales de la Asamblea Nacional del día jueves 28 de julio de 2016, con las cuales en nuestro país y la preservación del Estado de Derecho. FIGURÓ tomar juramento e incorporar a ciudadanos no electos válidamente como parlamentarios por el Estado Amazonas, creando un peligroso precedente contra la institucionalidad», indicó el funcionario.
En declaraciones al canal del Estado Venezolana de Televisión, señaló que esta acción del Legislativo Nacional no tiene ningún efecto jurídico y constituye un Desacato a las decisiones dictadas por el Poder Judicial en el ejercicio de sus competencias constitucionales.
«Ello transgrede el orden legal y constitucional, amenaza el proceso democrático y el normal desenvolvimiento de las instituciones del Poder Público en Venezuela», advirtió. Señaló que de ahora en adelante todas las actuaciones de la Asamblea Nacional no tendrán ningún tipo de validez, hasta tanto no corrija la situación infringida y retorne a la constitucionalidad.
«Nunca en la historia republicana de Venezuela, ni aún en tiempos de dictadura, un órgano del poder público, en franca violación del ordenamiento jurídico, ha obstruido tan descaradamente el libre desenvolvimiento de la justicia en nuestro país, pretendiendo la inserción de ciudadanos no electos válidamente como miembros activos del parlamento, a pesar de los procesos judiciales a los cuales han sido sometidos los comicios en esas entidades por presunto fraude electoral.
Con estas írritas actuaciones la Asamblea Nacional se encuentra ahora ilegal e ilegítimamente constituida», insistió.
Explicó que en nuestro Estado de Derecho y de Justicia, como en todos los países del mundo, el desacato a una orden judicial acarrea responsabilidad penal y civil «que no puede ser evadida invocando la inmunidad otorgada por una investidura circunstancial, que no es más que el mandato expreso del pueblo al cumplimiento de determinados deberes constitucionales».
«La Procuraduría General de la República se mantendrá vigilante en defensa de la constitucionalidad, la legalidad y la protección de los derechos del Pueblo, en el ejercicio de la democracia participativa y protagónica, fiel a los principios y valores de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», finalizó.
