La Procuraduría venezolana exigió este sábado anular los actos del Parlamento, de mayoría opositora, por incorporar a tres diputados acusados de fraude electoral, en consonancia con una demanda presentada por el chavismo ante la justicia, que aún no se pronuncia sobre el tema.
En una transmisión de la televisora gubernamental, el procurador Reinaldo Muñoz leyó un comunicado en el que indicó que es «forzoso precaver la nulidad de los actos» del Parlamento, «afectando incluso la validez de sus convocatorias y quórum».
Se espera que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) responda a la solicitud del chavismo de declarar ilegal las decisiones parlamentarias y «cualquier acto que emane producto de una Asamblea Nacional que está ilegalmente constituida», advirtió el viernes el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, tomó juramento el jueves a tres diputados elegidos por el estado Amazonas (sur) el pasado 6 de diciembre, a quienes el TSJ había ordenado separar de sus cargos en enero luego de que el chavismo los acusó de fraude por compra de votos.
Según la Procuraduría, la juramentación de esos tres legisladores «ha generado una situación absolutamente inconstitucional y antijurídica que no puede ser reconocida ni avalada por los órganos y entes de la Administración Pública».
La decisión de la mayoría opositora en el Legislativo pone más leña al fuego en la pugna con el oficialismo por el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
El TSJ también tiene en sus manos una demanda interpuesta por Maduro contra la recolección de 200.000 firmas exigidas para activar la consulta, alegando fraude. Otros 8.600 recursos jurídicos amenazan la iniciativa opositora.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) discutirá el próximo lunes si la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reunió las rúbricas necesarias para avanzar hacia la recolección de cuatro millones de firmas para convocar a la ciudadanía a las urnas.
