Como una medida “autoritaria” y “retrógrada” han calificado representantes de centrales trabajadoras de Venezuela la normativa sobre régimen de Trabajo Obligatorio, recientemente promovida por el Gobierno Nacional.
José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), manifestó que la organización formula un llamado a los sindicatos a no acatar la medida, puesto que existen suficientes motivos de ilegalidad para solicitar la revisión de su contenido.
Manifestó que la próxima semana acudirán a la comisión de desarrollo social de la Asamblea Nacional (AN), para solicitar su pronunciamiento al respecto.
Subrayó que existen contradicciones que deben ser aclaradas. No se dan detalles de cómo se cumpliría el procedimiento, ni de qué manera se asumiría la diferencia salarial de la cual pueda ser objeto el trabajador al ser trasladado. Detalló que además este perdería beneficios contractuales.
Por su parte, Carlos Navarro, presidente de Alianza Sindical Independiente (ASI), expresó que la resolución viola convenios internacionales de 1930 y 1957, referidos a la abolición del trabajo forzoso y el ámbito de los derechos fundamentales en el trabajo.
-Estamos regresando al siglo XVIII. Esta resolución viola el protocolo de 2014 relativo al trabajo forzoso y las recomendaciones al respecto. Medidas asumidas en 2014.
A esto agregó que la reciente resolución falta a las recomendaciones adoptadas en las 105° conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el pasado mes de junio, encuentro en el cual el gobierno venezolano estuvo presente.
En esa recomendación se insta al gobierno a que implemente políticas de empleo productivo y libremente elegido, bajo la consulta tripartita de empleadores y trabajadores, a fin de dar cumplimiento al convenio 102, también violentado.
Nuevos empleos
El representante de CTV recordó que en Venezuela existe una alarmante condición de desempleo, sumado a que algunas empresas productivas laboran por debajo de su capacidad operativa. No obstante, esto no representa que “sobren trabajadores”.
Subrayó que el sector privado, muy por encima del público, ofrece condiciones de trabajo digno, por lo que el Gobierno Nacional, debería generar nuevos empleos y contratar la mano de obra desempleada, para fortalecer la agroindustria.
Sin embargo, en opinión de Torres, el gobierno podría negarse a tomar esto, ya que podría apreciarse como tercerización.
El presidente de ASI, por su parte, comentó que la medida sería contraria a algunas de las propuestas del gobierno, como “la construcción de la fuerza campesina” y la reforma de los INCES, donde también se pudiera preparar mano de obra para el campo, sin modificar las condiciones de trabajo de los venezolanos, tal y como lo norma el artículo 156 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT).
Se preguntó entonces dónde están los ministerios referidos al campo que no formaron la mano de obra necesaria.
Contra empresas consolidadas
Con base en los ejemplos citados durante el anuncio de la medida, Torres no niega la posibilidad de que la intención de esta, en función de la supuesta necesidad del sector maíz, sea afectar empresas consolidadas como Polar, ya que se tomaría personal de organizaciones afines o relacionadas con el sector agroindustrial.
Rechazó que se vea al país y a la masa laboral como “contingente militar” que se pueda trasladar de un lugar a otro. Asimismo, recordó que existen múltiples derechos amparados en convenios de la OIT la Constitución venezolana y la LOT.
Navarro, igualmente, calificó la resolución como un “explotación laboral”, la tratar el trabajo en términos de “reclutamiento, coercitivo y engañoso”, lo que dijo, representa “una práctica de esclavitud laboral”.
