«Una causa te puede preparar para morir, pero no para matar… Con mi muerte lograrán tener mi cuerpo, mas no mi sumisión». Mohandas Karamchand Gandhi.
Aquel hombrecillo delgado y de aspecto místico, de voluntad serena, inflexible en sus objetivos y métodos, con los cuales demostraba su férrea determinación de ser forjador de la independencia de su país, la India. Se constituyó en un asceta gracias a sus estudios de jurisprudencia y a su prédica y práctica de la no-violencia; pudo lograr la libertad de su nación sin disparar un arma. Así se convirtió en Bāpu, el padre de la India; Mahatma, el Alma Grande, título que le otorgó otro gigante: pintor, poeta y filósofo hindú; Premio Nobel de literatura y Caballero del Imperio británico… Rabindranath Tagore.
Gandhi sustentó su filosofía en un decálogo, creado por él mismo, basado en “No temer a nada ni a nadie y en la resistencia pasiva o fuerza de la verdad”. Consistía en la desobediencia civil dentro de los límites de la no-violencia. Decía aquel Bāpu: “Ha habido tiranos y asesinos que han parecido invencibles pero siempre han caído”.
La negación de la realidad puede realizarse por perentorios lapsos pero, al final la verdad se impone. La predica de que Venezuela estaba blindada contra cualquier crisis económica se desmoronó ante los acontecimientos de las últimas semanas protagonizados por más de cien mil venezolanos que, de manera desesperada, atravesaron las fronteras hacía países vecinos en la búsqueda de artículos de primera necesidad que con la cuestionada Guerra Económica denunciaban que eran llevados al exterior de contrabando.
Se insiste en achacar a una Guerra Económica los desfases ocasionados por la presunta violación del Estamento Legal; en la tergiversación del texto constitucional que hace presumir normalmente jurídica, la cartelización, el acaparamiento, la usura, y otros actos tipificados como delitos conexos, por parte del Estado monopólico, que ejerce el abuso de la posición de dominio en determinados mercados de bienes y servicios, tratándose de la demanda de productos de primera necesidad concentrada, que afecta la protección del consumidor, de los productores, y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía; a la implementación de una aberrante Ley de Tierras, a través de la cual, se presume que, se han ejecutado confiscaciones de bienes, sin sentencia firme ni de pago alguno, lo cual, entre otras acciones, ha ocasionado la ruptura del desarrollo económico, auspiciado por la libertad de libre empresa basada en las garantías expresas en la Carta Magna y que traía la nación, de manera sostenida, sorteando las dificultades en periodos difíciles ocasionados por los bajos ingresos monetarios determinados por la caída de los precios petroleros ($7/barril), antes del año 1998.
Generalmente se olvida que, toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos y, que el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de la Constitución Nacional y que, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. (Arts. 138: 139 y 140 CN).
Nuestro Estamento Legal prevé salidas pacíficas a la crisis, no debe subestimarse a la búsqueda de soluciones por parte de la ciudadanía. ¡Prudencia!
