Al menos 21 personas han sido detenidas entre mayo y junio en Venezuela debido a su disidencia política con el gobierno, denunció este miércoles la organización Human Rights Watch, en un informe presentado en Buenos Aires en el que también refirió «torturas y abusos».
Estas personas «fueron acusadas de planificar, instigar o participar de protestas contra el gobierno» del presidente Nicolás Maduro. Además denunciaron haber sido torturadas y sufrir entre otros abusos durante su detención, descargas eléctricas y golpes, indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de esa organización de defensa de los derechos humanos.
HRW, con sede en Nueva York, ha estado realizando investigaciones de estos casos «dada la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela, la sistematicidad con que los agentes del Estado incurren en violaciones brutales», dijo Vivanco en una conferencia de prensa.
HRW expresó su confianza en que la Organización de Estados Americanos (OEA) avance para pedir al gobierno de Maduro la libertad de los presos políticos y el apego a la Constitución que establece la posibilidad de un referendo revocatorio del presidente, «que debe decidirse este año», según Vivanco.
Vivanco, que fue expulsado en 2008 de Venezuela después de publicar un informe crítico del poder judicial, hizo énfasis en que existe un «grado enorme de concentración de poder» que da lugar a la ausencia de «un poder judicial independiente que sea capaz de frenar, de intervenir, o de sancionar los abusos. La regla en Venezuela es la impunidad total», subrayó.
«A menos que se ejerza una enérgica presión regional, el gobierno venezolano seguirá creyendo que puede continuar castigando brutal y autoritariamente la disidencia, sin que haya ningún tipo de consecuencias», advirtió.
90 presos políticos
En total, hay unos 90 presos políticos en Venezuela, aseguró Vivanco en la rueda de prensa, incluido el opositor radical Leopoldo López.
El informe presentado este miércoles detalla 21 casos, entre estos el del estudiante José Gregorio Hernández Carrasco, de 20 años, detenido dos días después de participar de una marcha opositora el 18 de mayo pasado.
En su testimonio a HRW contó que fue «golpeado y torturado, hasta que aceptó firmar una confesión luego de que los agresores amenazaran con violarlo sexualmente».
«Las torturas incluyeron aplicarle descargas eléctricas, cubrirle la cabeza con una bolsa plástica para provocarle asfixia, y colocarle un palo en el recto y amenazar con violarlo», señala el informe indicando que el joven sigue detenido y ha sido procesado penalmente.
Como en la mayoría de los casos «el Ministerio Público no aportó pruebas creíbles en su contra», apuntó Vivanco.
«Mientras el gobierno actual cuente con un poder judicial abyecto, subordinado al Ejecutivo, evidentemente que la impunidad será la norma y la arbitrariedad también», enfatizó.
Retrasos a favor del gobierno
Mientras la oposición venezolana se moviliza en las calles para exigir al poder electoral que active el referendo revocatorio, Vivanco alertó sobre la necesidad de que «todos los intentos de diálogos y negociaciones se realicen en un plazo no más allá de diciembre de este año».
«Un retraso de estos plazos jugarían solo a favor del gobierno», dijo Vivanco al considerar positiva la «revisión y el examen» que está haciendo la OEA de la situación venezolana respecto a la Carta Democrática.
En junio quedó abierto un debate planteado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la aplicación de ese instrumento que prevé sanciones en casos de ruptura del hilo democrático.
«El gobierno de Maduro habla de diálogo en el exterior, mientras que en su propio país reprime a la disidencia política», sostuvo el titular regional de HRW.
