Demasiados aspectos de la vida nacional están severamente comprometidos. Uno de ellos es el económico. La inflación, la regresión del PIB, la escasez, el crecimiento del gasto público, la falta de inversión nacional y extranjera y lo que es más grave, la falta de confianza en el país y la huida de capitales, hace que los venezolanos hayamos pasado de ser una economíaenvidiada por el mundo entero a la peor economía de América Latina y cuidado si del mundo. Venezuela está en quiebra. No alcanzan los recursos propios y no hay acceso al crédito internacional.
Todo esto ha producido una variación del trato que le dieron nuestros vecinos al señor Chávez cuando fue un presidente dispendioso,amigo de dar a manos llenas y lograr comportamientos comprados, al que ahora le dan a Maduro. Maduro quiso seguir comprando adhesiones en los organismos hemisféricos, pero eso ya no es posible. Recordemos la reciente votación en la OEA, donde Venezuela salió derrotada al pretender que se improbara la agenda de la reunión de cancilleres. El punto está que además de que bajaron los precios del petróleo, hay una gran inseguridad jurídica, poca gente confía en nuestro país y por tanto se alejan los inversionistas para sufrimiento de los venezolanos.
El gobierno debería estar ahora más abierto a revisar su política económica. Ahora hay una Asamblea Nacional que sí está ejerciendo sus funciones constitucionales y pretende exigirle responsabilidad, como es su obligación. Debería dialogar con la oposición para una agenda parlamentaria viable y beneficiosa al país. Pero lejos de ser así, el régimen lo que hace es inventar una guerra económica tratando de justificar sus errores e ineficiencias y en eso lo acompaña un TSJ obsecuente.
La última sentencia de la Sala Constitucional sobre el BCV, desaplicala Constitución Nacional. El gobierno sabe que la Asamblea Nacional no va a permitir más endeudamiento injustificado y el TSJ ha permitido que el ente emisor se endeude sin autorización de la Asamblea Nacional. El Banco Central de Venezuela debe velar por la estabilidad de los precios, debe preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria y es garante del correcto uso de las reservas internacionales del país. Debe rendir cuenta a la Asamblea Nacional y está sujeto al control de la Contraloría General de la República y no puede celebrar operaciones crediticias, sin la autorización del Asamblea Nacional, todo conforme a los artículos 312, 314, 318 y 319 de la Constitución Nacional. La Sala Constitucional ha señalado que estamos dentro de una emergencia económica decretada por el gobierno (no aprobada por la Asamblea Nacional), para combatir la supuesta guerra económica, lo que, según su criterio, justificaría que el BCV celebre un contrato de préstamo con el Fondo Latinoamericano Andino de Reservas, sin la autorización de la Asamblea Nacional. Ese es un contrato nulo. Tremenda responsabilidad de la Sala Constitucional con el futuro de nuestra economía.Me despido por breve lapso. Volveré el miércoles 24 de agosto.
