Este martes durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), se aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Control de las Ayudas Económicas Internacionales del Estado.
El diputado a la AN, Julio Borges, explicó que esta normativa persigue establecer un control estricto del Poder Legislativo sobre los recursos de los venezolanos que pretende destinar el Estado hacia otras naciones.
“En los últimos años se le regaló el dinero a países a Dominica para que construyera un aeropuerto, a Jamaica se le regaló una autopista; a Bolivia ambulancias, se le regaló combustible a Estados Unidos y escuelas a la India”, detalló.
Explicó que se estaría imposibilitando tanto al Gobierno actual como a los venideros otorgar concesiones y obligándolos a invertir el dinero público en progreso para la colectividad.
Borges destacó que el regalo más significativo se le ha entregado a Petrocaribe, pues el monto se acerca a los 30 mil millones de dólares. “Con ese dinero se pudiera pagar todas las medicinas de los venezolanos por diez años y por 50 años se pudiera pagar a los pensionados y jubilados”, añadió.
Además, la también denominada Ley Candado otorgará la potestad a la Comisión Permanente de Contraloría de revisar cada tres meses los presuntos acuerdos y convenios internacionales que establezca Venezuela.
Por su parte, el diputado por el Gran Polo Patriótico (GPP), Víctor Clark, indicó que la política exterior le corresponde únicamente al Jefe de Estado, pues el Parlamento no guarda competencias en torno al tema; a su juicio tratan de manipular diciéndole a la ciudadanía que el Estado venezolano concede el crudo a demás países de la región, cuando por el contrario, gracias a Petrocaribe se construyó “un nuevo esquema de intercambio” y se posicionó al país como epicentro de una nueva geopolítica.
El BCV es una chequera
En el segundo punto del orden del día se aprobó un Proyecto de Acuerdo sobre la constitucionalidad internacional del Banco Central de Venezuela (BCV).
Por la unidad democrática intervino el diputado por el estado Lara, Alfonso Marquina, quien explicó que todas las constituciones de la República han establecido que los contratos de interés nacional requerirán la autorización del Parlamento, por lo que rechazó formalmente la sentencia número 618 emanada del TSJ, que autoriza al BCV a suscribir préstamos internacionales.
“No se trata de entorpecer, sino de controlar (…) Cuando Venezuela tenía los más altos ingresos, ustedes hipotecaron al país y hoy no se tiene el ingreso petrolero para hacer frente a esas deudas que irresponsablemente ustedes contrajeron”, recordó.
De igual manera, el parlamentario Rafael Guzmán, advirtió a los miembros del Fondo Latinoamericano de Reserva (FLAR) “mucho cuidado con autorizar algún contrato con el Banco Central sin la venia de esta Asamblea porque no lo vamos a reconocer. Esa será una deuda ilegítima”.
Señaló que el oficialismo considera que esta institución financiera es una chequera o una caja chica para utilizarla sin ningún tipo de respaldo.
En contraparte, el diputado por el bloque de la patria, Ricardo Sanguino, sostuvo que el crédito otorgado por el FLAR por un monto de 482 millones de dólares se adquirió para auxiliar las reservas nacionales y su proceder es totalmente legítimo. Aseveró que Venezuela cuenta con acciones dentro del fondo, por lo cual, el compromiso económico no es con un Estado en particular.
