El presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, diputado Alfonso Marquina, denunció que el pasado miércoles el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una sentencia la cual le permite al Banco Central de Venezuela (BCV) endeudar al país sin autorización de la AN.
Artículos de la Constitución se verían violentados de llevarse a cabo tal gestión sin el debido proceso, aseverando que corresponde al poder legislativo conocer los contratos de interés público, establecer los límites del endeudamiento y por supuesto, el artículo 187 que contempla que es competencia de la AN tener participación en dichos procesos.
“El BCV ha sido utilizado como un mecanismo de financiamiento de este gobierno. Han dilapidado miles de millones de dólares sin que eso se refleje en la calidad de vida de los venezolanos”, aseveró el diputado.
Rechazó que aún cuando se estuvo en bonanza petrolera, se siguió endeudando al país. “La deuda inició siendo de 23 mil millones de dólares en 1998 y ahora ha alcanzado los 171 mil millones”, informó.
Venta clandestina
“El BCV ha venido quemando las reservas internacionales, especialmente las que están soportadas en oro”, informó Marquina.
Para abril Venezuela ocupaba el puesto 16 en reservas de oro a nivel mundial con 361 mil toneladas, para mayo el número descendió a 272 toneladas. Los meses siguientes ha sido igual la situación, hasta ahora que el país se posiciona en el puesto 23 con solo 206 toneladas de oro monetario.
“En estos meses se han vendido 154 toneladas, lo que significaría 12.384 lingotes. Se dan de manera clandestina, se pierden reservas internacionales y se le quita poder adquisitivo a los venezolanos”.
Mediante gráficas el diputado mostró lo que este manejo ha significado para la economía de la nación, señalando que para abril la inflación alcanzó un 29,4% monto superior a los meses anteriores en los que no se había comercializado con el oro monetario.
“Se sigue emitiendo papel moneda sin tener cómo soportarlo. Desde la AN se propuso la ley de reforma del BCV para evitar que esto se siguiera realizando, sin embargo fue rechazada por el TSJ.
El diputado explicó que la venta que se está generando, al ser ilegal, no podrá ser pagada por posteriores gobiernos.
“Todo acto que desconozca la Constitución Nacional es nulo, por lo tanto, cualquier endeudamiento que se contraiga en este momento no podrá ser exigible por instituciones financieras o por país alguno en el futuro”, aseveró.
Préstamos sin autorización se estaría dando, lo que significaría una estafa que tendría las correspondientes acciones legales para quienes ejecuten tal deuda, en este caso, el directorio del BCV pero también causaría un daño en los intereses de las instituciones que se han prestado a tales acciones, por lo que exhortó a los representantes de las mismas a no conceder préstamos que no están autorizados.
