«Soy inocente de los delitos que me ha imputado el Ministerio Público (…) Asumo mi responsabilidad plena de haber denunciado al Estado venezolano como corrupto, deficiente, antidemocrático y represor», dijo López, según una grabación difundida en su cuenta de Twitter.
De 45 años, López fue condenado en septiembre de 2015 acusado de incitar a la violencia en las protestas de 2014 que buscaban la renuncia del presidente Nicolás Maduro, y que dejaron 43 muertos.
«Asumo mi plena responsabilidad de haber convocado a la protesta pacífica, en los términos que establece la Constitución, como es mi derecho y el derecho de los venezolanos hacerlo», añadió el líder opositor en su derecho de palabra.
López se convirtió en el símbolo de los opositores venezolanos presos -que la disidencia cifra en un centenar-, entre ellos el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el exalcalde de San Cristóbal (oeste) Daniel Ceballos.
La audiencia se desarrolla en el Palacio de Justicia, en el centro de la ciudad, adonde fue llevado en la mañana desde la prisión militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, donde está preso desde febrero de 2014.
«¡Seguirá preso!»
La defensa alega que López fue condenado por motivos políticos y con pruebas «manipuladas», violando sus derechos procesales, y que la justicia está al servicio del gobierno.
Casi a la medianoche, durante la presentación de pruebas, la defensa difundió un vídeo con las declaraciones de una lingüista que afirma que su análisis fue tergiversado por la jueza que condenó a López, según fuentes cercanas a la audiencia.
«La OEA está muy pendiente de la apelación de Leopoldo López. Esperamos imparcialidad de los jueces y el ajuste al Derecho», escribió en Twitter el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
En un acto público en el estado Yaracuy, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que el opositor no saldrá en libertad.
«Les garantizo que Leopoldo López y los asesinos de la guarimba (protestas) seguirán presos porque tienen que pagar por los crímenes», afirmó.
Las autoridades permitieron ingresar al Palacio de Justicia a la madre de López, Antonieta Mendoza, y al abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez, pero no a los asesores españoles de la defensa, los exministros Javier Cremades y Alberto Ruiz-Gallardón.
«Jamás la justicia puede estar al servicio del poder político», dijo Ruiz-Gallardón, al calificar la audiencia de un «proceso opaco» en el que «el ingreso de observadores internacionales fue vetado».
Lilian Tintori, esposa de López, reiteró su denuncia de a inicios de julio agentes le confiscaron a López en su celda documentos para su apelación.
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