Denuncias graves abundan sobre el sistema penal venezolano, instancia de control social, cuya credibilidad se ha debilitado debido a la existencia de procesos enviciados de parte de todos los órganos que lo conforman: cuerpos de seguridad, tribunales, Ministerio Público y abogados.
A tal grado de descomposición han llegado los procedimientos que los abogados temen represalias cuando defienden a sus clientes, parece que los fiscales no pueden investigar libremente y los jueces no enjuician con autonomía por temor a perder el cargo.
Jueces que no son dueños de sus decisiones
En los últimos tiempos ha estado en el tapete el tema de los lineamientos políticos en que se basan los jueces para emitir sus sentencias. Y es que los jueces provisorios, aquellos que son colocados “a dedo” en el cargo, parecieran no ser dueños de sus decisiones sino que se rigen por las normas del mismo “dedo” que los colocó.
Entonces, la autonomía e imparcialidad del poder judicial se ve amenazada. Según el abogado Ramón Pérez Linares, 90 de cada 100 titulares de tribunales en Venezuela, tiene la cualidad de provisorio, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, y que en cualquier momento también puede dejar sin efecto su designación.
A diferencia de los jueces titulares, quienes se adjudican el cargo gracias a exámenes y méritos, y no pueden ser destituidos a menos que se les compruebe que cometieron una falta.
“Este carácter le quita la seguridad del cargo y de la actuación, le impone de qué forma deben actuar de acuerdo a la posición que el régimen establezca en cada materia” asegura Pérez Linares, que también tiene trayectoria como juez.
Según su juicio, el Estado venezolano se convierte en ejecutor de una represión en Venezuela a través de la utilización del Poder Judicial como brazo ejecutor y judicializa a la política de manera de evitar todas las opiniones contrarias al régimen.
Pero Pérez Linares asegura que tampoco puede engañarse y debe aceptar que eso pasa hoy y pasaba en la Cuarta República, donde las actuaciones y decisiones de los jueces también eran influenciadas por el gobierno. Sin embargo y pese a que en algún momento hubo una señal de mejoría cuando se llamó a concurso para los cargos, “en este gobierno la guagua va en reversa y en vez de mejorar la estabilidad y seguridad del profesional, ahora se instituyó el dedo como mecanismo de nombramiento y de remoción”.
Otra falla en que incurren los tribunales, es que hay jueces que coaccionan a los imputados a que renuncien a defensores privados y se apegue a la defensa pública. Según el presidente del Colegio de Abogados del estado Lara, Enrique Romero, la juez del Tribunal Segundo de Control Municipal, Rosa Elena Herrera Prado, estaría incurriendo en esta irregularidad.
Según indicó, Herrera Prado presuntamente se reúne a puerta cerrada con el imputado y le sugiere que sustituya al abogado privado para una garantía de solución de su caso, “esto debe ser un acto voluntario, no sugerido y en la mayoría de los casos ya estas personas tenían su representación privada asignada y aceptada, no sabemos cuáles son las intenciones de la juez, ya elevamos esta situación ante el Dr. Jorge Eliécer Rondón, presidente del Circuito Judicial Penal en Lara”.
Leyes a favor del régimen
Hay una tendencia en la actualidad de incorporación de nuevos tipos penales en las leyes venezolanas y esto atiende a una tendencia política de ampliar el derecho penal para usarlo en provecho de los intereses del gobierno, dice Ramón Pérez Linares.
Pero parece más un discurso para aparentar a través de un simbolismo que el Estado está trabajando en materia de criminalidad y mantener quieta y callada a la opinión pública.
Muestra de ello es que el Código Orgánico Procesal Penal, ha sufrido siete reformas desde la instalación del Gobierno bolivariano, y en el Código Penal se aumentó las penalidades para los delitos de difamación e injuria, de opinión y de manifestaciones de calle, además limita garantías y beneficios para quienes incurran en delitos de desacato al régimen.
Pero el sistema penal venezolano, también ha ido perdiendo características que le aportaban credibilidad. Ejemplo de ello, la eliminación de la participación de la ciudadanía en el proceso judicial contra un imputado, lo que se conocía como jueces escabinos.
Se eliminó porque cuando faltaba la ciudadanía al acto judicial, éste se difería, por lo tanto agravaba el retardo procesal.
Pero la opinión de Pérez Linares y de varios juristas es que se eliminó porque había procesos en que había condenas que no podían dictarse porque los jueces escabinos no encontraban razones de culpabilidad, y es que no se basaban en criterios políticos.
El caso de Biaggio Pilieri, acusado en 2009 de peculado y malversación de fondos públicos durante su cargo como concejal en Chivacoa, estado Yaracuy es ejemplo de esto. El jurado de jueces escabinos lo absolvió a él y a otros tres procesados.
Pero el fiscal solicitó al tribunal que lo mantuviera privado de libertad. A inicios de enero de 2011, los jueces escabinos votaron en sesión cerrada, no obstante, antes de conocerse la sentencia, el TSJ anuló el juicio y ordenó que se reabriera en Caracas. Luego dos escabinos declararon a los medios de comunicación que el jurado había votado por la inocencia de Pilieri, una prueba de que el juicio había sido politizado.
Diferimiento como “modus operandi”
Otra queja de los profesionales del gremio abogadil es que los diferimientos de los actos judiciales parecen más la norma que la excepción.
“Es el nuevo modus operandi, una cofradía de diablos por tener el poder, detrás de todo esto hay una máquina de hacer dinero” dice un abogado de libre ejercicio pero que no revela su nombre por miedo a ser castigado. Él considera que el sistema de convocatoria de las partes a las audiencias no falla, sino que “todo está planificado para que se dé así”.
Y es que hay versiones de que se manejan importantes sumas de dinero a cambio del traslado de detenidos desde el lugar de detención hasta el Edificio Nacional, para que asista a las audiencias.
El abogado litigante Arminio Lugo asegura que “los rumores son perfectamente demostrables” y que los funcionarios de los cuerpos de seguridad tienen tarifas establecidas de acuerdo a la distancia del recinto. “De Tocuyito para acá o de Cepella para acá, hay tarifas” y este dinero es cancelado por los familiares del imputado, quienes acceden a tales pagos con la finalidad de que el proceso de su pariente sea llevado con celeridad.
Se rumora también que para acceder a un expediente o a una copia certificada con prontitud, se debe pagar un servicio “express” que implica un alto costo.
Ninguna de estas denuncias están sustentadas con nombre y apellido, a propósito, el Colegio de Abogados impulsa a ciudadanos y abogados a dejar el miedo y revelar estas irregularidades.
Falta de gerencia local
Aunque en el sistema penal venezolano no hay islas y no puede diferenciarse su funcionamiento en un estado y otro, los agremiados del estado Lara se reunieron recientemente con el presidente del Circuito Judicial Penal a quien le expusieron algunas recomendaciones que podrían tomarse y que afectaría positivamente en el rendimiento de los procesos judiciales.
Los abogados aseguran que hay serias fallas de estructura y logística en el Edificio Nacional, epicentro de las instituciones públicas en Lara.
En un documento entregado al juez rector, establecen que las prioridades son: iluminación adecuada en escaleras y pasillos, piso 1 – 6 – 7 y 8, además de las salas de juicio; sillas para público, abogados, funcionarios y privados de libertad; agua potable en todos los bebederos; baños públicos aptos, acondicionamiento de la sala de espera de abogados y creación de otras, vigilancia y control de armas dentro del recinto, rehabilitación de las salas de audiencia, exigir el cumplimiento cabal y efectivo de las horas agendadas de la audiencias.
Por más minúsculas que parezcan, estas fallas afectan el ejercicio y la apariencia del gremio ante la ciudadanía y eso es lo que los abogados larenses buscan recuperar.
