Los conductores de transporte público prefieren ganar menos dinero antes que someterse a las amenazas de la delincuencia desatada, evidenció un estudio realizado por el Observatorio Venezolano de la Violencia en las cinco principales ciudades del país.
Entre las 5:00 de la tarde y las 7:00 de la noche, los choferes de buses, busetas y carritos por puesto comienzan a cerrar sus rutas y se van para su casa, dejando a los usuarios desasistidos y a su suerte, reveló.
“El temor y la desconfianza son los sentimientos más recurrentes, asociados a la situación de inseguridad y violencia que viven cotidianamente los choferes de transporte público (…) Han optado por disminuir las horas de prestación de servicio”, señala el informe presentado este jueves.
Para realizar el sondeo de tipo cualitativo, se tomaron diez grupos focales compuestos por choferes de líneas sub urbanas de Caracas, Barquisimeto, San Cristóbal, Ciudad Guayana y Cumaná, entre los meses de abril y mayo del presente año. El 73% de los encuestados dijo que tenía miedo de ser víctima de la violencia en las unidades.
Con Dios y la Virgen
Además de reducir la jornada de trabajo, la organización civil refirió que la mayoría de los entrevistados afirmaron que se encomiendan a Dios antes de iniciar el día, pues no saben si regresarán a sus hogares o si podrán hacerlo con el fruto de su trabajo en sus bolsillos.
“El oficio de chofer se ha convertido en una labor de alto riesgo en Venezuela”, recalcó el sociólogo y director del OVV, Roberto Briceño León.
Asimismo, los resultados de la investigación evidencian que los conductores de rutas urbanas han optado por adoptar ciertas prácticas de supervivencia para reducir las probabilidades de ser asaltados, despojados e incluso asesinados, violencia que también se traslada a los usuarios de las unidades. Una de ellas es establecer un sistema de comunicación interno “muy eficiente”, para prevenirse entre ellos mismos cuando hay una amenaza o incluso situaciones en proceso.
Además, evitan las paradas peligrosas y otras fintas como simular averías para detener y evacuar el vehículo, cuando sospechan de una actitud rara en alguno de los pasajeros. No son pocos los que han preferido armarse con garrotes y machetes (sin armas de fuego) para defenderse.
Sin embargo, la medida más generalizada para sobrevivir es callarse y no denunciar, apuntó Briceño. “De cada 10 delitos distintos al homicidio que ocurren en las unidades de transporte público, 6 no son denunciados. Los choferes sienten que la denuncia no conduce a nada y por el contrario los expone a mayor riesgo por las represalias de los delincuentes locales”, manifestó el investigador.
Menores
Otros datos obtenidos por el Observatorio de boca de los transportistas de las cinco regiones, revelan que los victimarios son jóvenes entre 15 y 25, años y que ha aumentado la participación de mujeres en estos actos delictivos.
Además, aunque el Dr. Briceño indica que el robo de autobuses se ha convertido en una forma de iniciación de nuevos delincuentes a la vida del crimen violento en Venezuela, también hay señales que apuntan a un modus operandi utilizado por niveles un poco más organizados que los principiantes.
“Los choferes dicen que se sienten vigilados por los delincuentes, quienes estudian y analizan el contexto y dinámica de la ruta y al mismo conductor, para maximizar sus oportunidades”, apuntó el investigador.
Reflejo de la sociedad
En cuanto a las causas y consecuencias del alto índice de inseguridad en las vías del país, el sociólogo y coordinador general del OVV fue enfático al afirmar que es un reflejo de la sociedad actual.
“La violencia y la inseguridad aumentan, así como la desafección de los venezolanos. Lo más dramático es el tejido social que se forma, donde los choferes le tienen miedo y desconfianza a los pasajeros, y estos a los choferes y a los otros pasajeros. El nivel anómico de Venezuela es lo que nos lleva a este escenario”, manifestó Briceño León.
“Esto es el resultado de la destrucción institucional, y a la vista de esto uno puede entender por qué Venezuela esta ubicada en el último lugar entre 102 países, en el índice que mide el respeto a la ley a los derechos de las personas”, agregó, en referencia al informe Rule of Law Index de 2015.
