Dirigentes comunitarios en el estado Lara del partido opositor Voluntad Popular, denunciaron la persecución y hostigamiento que han sufrido sus activistas a nivel nacional, así como también rechazaron las detenciones que se han generado en su contra; asegurando que se trata de un ensañamiento de parte del Gobierno nacional.
Jesús Jiménez, líder social de la parroquia Concepción, aseveró que no se tratan de hechos fortuitos, sino de una estrategia que lleva implementando el Ejecutivo desde hace algún tiempo.
Ejemplo de ello fue lo acontecido a activistas que se trasladaban al estado Cojedes; Francisco Márquez y Gabriel San Miguel. Así como Manuel Núñez, quien fue detenido el día jueves en Monagas.
“Estos hechos no quebrarán nuestras voluntades”, dijo Jiménez a la vez que cuestionaron los señalamientos a la tolda naranja como responsable de la situación de crisis que están viviendo los venezolanos, tanto en lo económico como lo social.
Durante el pronunciamiento explicaron que la persecución se ha generado desde la “esfera gubernamental”, quien aplica su poder y ha utilizado a efectivos el Estado y colectivos para que hostiguen a los activistas.
Al menos 100 detenciones en contra de los miembros de Voluntad Popular se han generado en todo el territorio nacional. “Buscan criminalizar el hecho de participar en protestas pacíficas en donde se exigen derechos como el de la alimentación”, aseveraron.
A la vez destacaron el hecho de que el amedrentamiento esté partiendo desde las bases del partido, es decir, en sectores populares en donde cada vez el pueblo se está pronunciando más en contra de las condiciones en que se mantiene la nación.
“Primero sentencian y luego investigan”, fue la expresión usada para definir cómo ha estado actuando el poder judicial en contra de los activistas, debido a que estos incluso han sido sacados de sus hogares sin el respectivo proceso y sin explicación alguna, como fue el caso de Pedro Hernández, en el estado Yaracuy, el pasado mes de junio.
Por su parte, reiteraron que permanecerán firmes a pesar de las acciones en su contra que ejecute el gobierno. “Se equivocan quienes creen que van a detener esta labor”, resaltaron los activistas.
