Es inconcebible lo que está ocurriendo con la empresa Kimberly Clark Venezuela, ubicada en San Vicente, estado Aragua, que fue tomada por el Gobierno Nacional después que se produjo su cierre por falta de materia prima.
Tal es la opinión de Alberto Gámez, presidente de Fedecámaras Lara, quien indicó que la factoría no podía funcionar si carecía de asignación de divisas.
Los directivos de la empresa avisaron varias veces al Ejecutivo Nacional que tenían problemas financieros y, en consecuencia, se veían relegados a tener que cerrar. De hecho, tenían un cierre técnico y llegaron al momento en que no podían continuar operando.
Pero, el Gobierno en lugar de llamar a los empresarios y llegar a un acuerdo para accesar a la materia prima, porque la empresa tiene una deuda multimillonaria en el extranjero con los proveedores, decidió tomar las instalaciones.
Ahí va a pasar lo mismo que ocurrió con las empresas que ha intervenido el Gobierno, llámese fábricas de cemento, industria del hierro, Agroisleña, Sidetur y hasta procesadoras de leche: es decir, no van a funcionar o funcionarán a pérdidas.
Kimberly Clark Venezuela tenía 1000 trabajadores directos y 7000 indirectos. No se puede entender cómo el Gobierno va a asumir una nueva carga en medio de una crisis de falta de alimentos y medicinas. El dinero que va a utilizar en esa factoría debe utilizarla para paliar la situación de hambre y salud que padece la población. La solución era conversar con los dueños de la empresa y ver la forma de reactivarla. Esto demuestra que el Gobierno no cree en la empresa privada, no le importan los trabajadores que tienen su fuente de empleo en las compañía del sector privado y, desde luego, es falso que quiera que haya producción porque empresa que toma, empresa que queda paeralizada.
En cuanto al anuncio hecho por Maduro de poner en funcionamiento un nuevo sistema de abastecimiento solidario, que genere producción eficiente y sostenida, así como tener nuevos porocesos de comercialización, entre otros aspectos, Gámez dijo que esto no funcionará, mucho menos si estará bajo el mando de los militares como operadores, porque éstos no están preparados para gerenciar actividades económicas, sino para el manejo de las armas cuando las circuntancias lo ameriten en caso de que se ponga en peligro la soberanía del país.
Los militares tienen que estar en los cuarteles y dejen a los empresarios, a los productores, a que tomen sus propias decisiones y poner a marcha en la parte económica.
No es posible que ahora tengamos un súperministro de la Defensa, a quienes los ministros le tendrán que obedecer sus órdenes y lógicamente presentarle cuentas a él, se vaya a ocupar de reactivar la economía de la nación, precisamente cuando ésta fue destruida con medidas nefastas que han traído esta crisis económica.
Eso nunca se ha visto en ningún país civilizado e incluso, en los más atrasados porque esa no es competencia de militares.
