Luego de que un representante del Instituto Nacional de Tierras Urbanas (Intu) ordenara la “ocupación temporal” de un terreno localizado en la avenida Rotaria, esquina de la carrera 15, a una organización social llamada Gigante de Jireth, los vecinos y miembros del consejo comunal Jirajara salieron a protestar, ayer, en rechazo al proyecto habitacional gubernamental y defender, en cambio, la instalación de una sucursal de una cadena de farmacias.
Los manifestantes justificaron su rechazo al levantamiento de viviendas, destinadas para un grupo de militares y de civiles, en el funcionamiento decadente de los servicios básicos que arrastra desde hace tiempo esa comunidad. La vocera del consejo comunal, Betzy Rojas, priorizó en el débil fluido eléctrico y el colapso de las cloacas las fallas que afectan a los habitantes de la zona. Por eso, dijo, erigir un nuevo complejo habitacional y la convivencia entre un mayor número de personas duplicaría los problemas.
La arquitecta e integrante de la organización comunitaria, Glenda Saldivia, amplió que “aquí ya las cloacas se han salido a la calle. Por el mal drenaje se inunda toda la avenida Rotaria. La luz es deficiente. Una de las cosas por las que no pudo arrancar la obra de la farmacia era porque no le daban la conexión de la electricidad”.
Prefieren, entonces, el uso de los aproximadamente 1.000 metros del espacio vacío para la construcción del establecimiento comercial por ser una obra aprobada por el consejo comunal hace más de dos años.
Tener en el sector una sucursal de esta empresa del ramo farmacéutico produciría un “gran impacto social”, como lo pronostica María Victoria López, residente de la comunidad. A su modo de ver, por ser una población mayormente compuesta por personas de la tercera edad se necesita tener al alcance servicios de salud, adicional a la seguridad y atención de 24 horas incluidas en el proyecto.
Los miembros del consejo comunal también defienden que el terreno es de propiedad privada, está arrendado por la red de farmacias y tiene la aprobación de la organización comunitaria. Por tal motivo sostienen que con el plan habitacional impulsado por el gobierno nacional se está desconociendo la “cualidad jurídica” del consejo.
Ayer, fue la primera acción de calle y los protestantes adelantaron que se mantendrán activos en defensa de su idea. “El planteamiento nuestro es que esa gente desista y pedirle a las autoridades que intervengan y nos den nuestro terreno porque la comunidad ya tienen un proyecto”, sentenció Saldivia.
