El cierre de la cuenta que usa Venezuela en el banco estadounidense Citibank para sus pagos internacionales y de operaciones de varias multinacionales acentúan la crisis económica del país petrolero, cuyo gobierno intenta salir a flote dándole más poder a los militares.
Citibank confirmó este martes en un comunicado su decisión de cerrar una cuenta de pago que usa el Banco Central de Venezuela (BCV), tras realizar una evaluación de «gestión de riesgo» en el país, lo que el presidente Nicolás Maduro calificó como un «bloqueo financiero».
A través de Citibank, Venezuela paga en 24 horas todas las cuentas en Estados Unidos y en el mundo, advirtió Maduro, lo que pone al país en serios aprietos pues debe buscar con urgencia otro banco corresponsal para evitar quedar al margen del sistema financiero internacional.
«Esto agrega una complicación porque dificulta los pagos exteriores y hace más compleja las transacciones externas en un país ya en severa crisis», declaró a la AFP el diputado opositor José Guerra, exdirectivo del BCV.
La decisión de Citibank se suma a la seguidilla de anuncios de cierres o recortes de operaciones de empresas en Venezuela, como Coca Cola, los grupos estadounidenses Kraft Heinz y Clorox, o las aerolíneas Lufthansa, Aeroméxico o American Airlines.
Empezando a cumplir su amenaza de intervenir las empresas que cesen operaciones, el gobierno se hizo el lunes con el control -y la entregó a los trabajadores- de la planta de la empresa estadounidense de productos de higiene personal Kimberly-Clark, que suspendió operaciones argumentado «el deterioro» de la economía venezolana.
«A Venezuela no la detiene nadie. Con Citibank o sin Citibank, nosotros vamos. Con Kimberly o sin Kimberly, Venezuela va», advirtió el mandatario.
El país con las reservas petroleras más grandes del mundo sufre una grave crisis por la caída de los precios del petróleo, con una escasez que alcanza el 80% de alimentos y medicinas, y una inflación de 180% en 2015 y proyectada por el FMI en 720% para 2016.
«Las empresas se van porque no reciben divisas, no tienen con qué importar insumos y dejan de producir. La respuesta es tomar la planta, pero con qué van a producir los trabajadores», aseguró a la AFP el economista Pedro Palma, director de la firma Ecoanalítica.
Analistas críticos del gobierno y la oposición sostienen que la crisis es resultado del modelo socialista y del régimen de control de cambio que rige desde 2003, pero Maduro asegura que es víctima de una «guerra económica» que busca provocar malestar popular para derrotarlo.
Militarización de la economía
En contrapartida a la profundización de la crisis, Maduro anunció la noche del lunes un nuevo plan contra la escasez, denominado «Gran Misión de Abastecimiento», al mando del ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, y en el que los ministros quedarán subordinados a los militares.
«Estamos viendo un gran desplazamiento de los civiles por los militares, que son los que están sosteniendo el gobierno de Maduro. Esto, lo de Citibank y las empresas que se van afecta la imagen del país y la inconformidad en Venezuela», manifestó a la AFP el economista Jesús Casique.
Puertos, aeropuertos y varias empresas amanecieron con fuerte presencia de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que fueron desplegados para fiscalizar la distribución de alimentos y otros productos básicos en los estados de Vargas, Miranda, Falcón, Lara, Zulia y Anzoátegui.
«No me gusta la intervención militar» en asuntos civiles, pero «este es un asunto de seguridad y defensa de la nación», declaró Padrino López. «Es un asunto de disciplina», agregó.
Maduro argumenta que los militares pondrán orden, pues acusa a la empresa privada de controlar el 93% de la distribución de productos básicos y están «está pulverizando» todo el sistema con el acaparamiento y la especulación.
«No hay ningún cambio relevante, excepto la profundización de ese modelo que hasta ahora lo que ha hecho es destruir la capacidad productiva del país», afirmó el economista Luis Vicente León, de la firma Datanálisis.
El aumento del poder militar en la política -comandan 10 de una treintena de ministerios- y en la economía desató fuertes críticas en sectores del país.
Amenaza «la tranquilidad y la paz», consideró este martes la Conferencia Episcopal; en tanto que el presidente del Parlamento -de mayoría opositora-, Henry Ramos Allup, señaló se refuerza «la nefasta imagen del pretorianismo».
Maduro, a quien la oposición busca sacar del poder mediante un referendo revocatorio, ya había advertido de la necesidad de «un poder militar cada vez más grande» para librar una «guerra no convencional» en Venezuela.
