Aunque no se trata de un fenómeno de reciente aparición, las tomas de terrenos de manera ilegal en el país siguen siendo un tema de llamar la atención, pues las cifras de intentos e invasiones capitalizadas se mantienen en alza, así como también se han consolidado las ya existentes sin ningún indicio de reparo.
En el caso puntual de los municipios Iribarren y Palavecino, aunque no se maneja una cifra exacta, se supera el centenar los espacios territoriales de propiedad privada que han sido tomados por personas que dicen actuar por la necesidad de contar con una vivienda.
Entre episodios más resaltantes en la región se puede repasar lo suscitado con los terrenos ubicados en las adyacencias del edificio de posgrado de Agronomía de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en donde la institución tiene previsto desarrollar un proyecto educativo pero manifestaron en reiteradas oportunidades no contar con los recursos necesarios.
También en el Triángulo del Este los intentos de distintos grupos de individuos han sido persistentes, como también han sido constantes los ensayos de invasión a los lados de la avenida Hermann Garmendia de Barquisimeto, especialmente en propiedad de los vecinos de la Urbanización Rio Lama y sin dejar por fuera, el caso reciente más llamativo como lo fue el del Seminario Divina Pastora, en donde al menos 60 personas intentaron apostarse en tierras de la Arquidiócesis de Barquisimeto con la intención de apoderarse de ellas.
Según reportes de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara tanto en la región como en ciudades del Zulia, Aragua y Carabobo, se registró una especie de oleada en los últimos días en cuanto a esta anomalía se refiere.
Esto se debe en gran parte, según explica el sociólogo y docente universitario, Carlos Meléndez, a que estos actos son abiertamente amparados por el Gobierno nacional, al mismo tiempo en el que asevera que dicha posición va más allá de la voluntad gubernamental de darle cobertura a la demanda habitacional en el país.
“En Venezuela tenemos una fractura institucional y una permisividad del delito de la invasión, que se aprueba por la visión e ideología que tiene el Gobierno en función de la propiedad.
Este es un Gobierno montado sobre la base del pensamiento marxista que concibe que la propiedad privada es producto de las desigualdades sociales de carácter histórico”, explicó Meléndez.
Por ello, a su juicio, la función “ideológica” de los representantes gubernamental ha sido de la de tratar de romper con el concepto de propiedad privada y sustituirlo por el concepto de propiedad social.
Impunidad avala y promueve el delito
Los altos índices de impunidad que han reconocido quienes se encargan de administrar la justicia, sería uno de los principales amparos de las invasiones.
“Existe un bajo costo del delito. El delinquir ahorita es más factible que en otro momento porque la probabilidad de ser sancionado es muy baja y eso genera oportunidades para que las personas empiecen a hacerse de las propiedades”, alegó.
Además, asegura que se tiene un Gobierno moldeador de conductas que constantemente se encuentra enviando mensajes de violencia y retaliación, incitando a las personas a estar por encima de lo instituido y de lo reglamentado.
Leyes a favor de las invasiones
No contentos con ello, han manipulado la legislación venezolana con el fin de utilizarla como uno de los instrumentos oficiales para amparar este tipo de hechos.
“En la reforma del Código Penal, por ejemplo, se estableció como delito la invasión de espacios urbanos pero no de terrenos rurales, y la Ley de Tierras ha sido catalizadora de las miles de invasiones que se han dado en Venezuela”, esbozó.
Sin embargo, asegura que los objetivos oficiales se encuentran con una sociedad contemporánea que respeta y mantiene una visión democrática que valora el tema de la propiedad.
“Desde la perspectiva de la democracia eso es un delito. También han promovido la organización de grupos violentos con personas que por negocio o porque de verdad lo necesitan invaden”.
2007 como punto de inflexión
Se manejan casos aislados de invasiones desde el año 2005, pero fue en el 2007, a raíz del discurso del expresidente Chávez en torno al tema de las expropiaciones y confiscaciones de espacios subutilizados, que empezaron a ocuparse ilegalmente terrenos y hasta edificaciones de manera masiva.
En la región larense se pudo apreciar este fenómeno con mayor notoriedad al centro de Barquisimeto, específicamente en parte del casco histórico de la ciudad.
“Este es un problema que todos le han dado la espalda y en un contexto de alta conflictividad como el que vivimos, se empezarán a ver con más frecuencia porque las personas ven la invasión como una opción de solucionar sus problemas”.
Invasiones también perjudican a sus autores
A su vez, el presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara, José Manuel Alejos, considera que las invasiones perjudican no solamente a los propietarios, sino también a quienes las cometen, porque estas acciones los privan del suministro de servicios básicos como electricidad y agua.
“Quien invade al final no tiene cómo reclamar su derecho a una vivienda digna porque para concretarlo se debe poseer la documentación legal de la tierra”, apunta.
Para ilustrar lo declarado, hace mención al caso de las invasiones a un costado de la avenida que conecta Valle Hondo con la avenida Hermano Nectario María (La Ribereña), en donde se aprecian tomas consolidadas, que a pesar de estar ahí por años y haber contado con cámaras de concejales oficialistas, no pudieron conseguir los servicios básicos para sus hogares.
“Los invasores terminan padeciendo situación de precariedad porque la autoridad municipal no tiene la manera legal de prestar servicios”.
“Hay quienes juegan a manipular a la gente”
Cree Alejos que en esta ocasión, al igual que en años anteriores, estas prácticas son utilizadas como modo de azuzar los ánimos políticamente.
“También hay personas que juegan a ganar dinero con las necesidades, amparados bajo el discurso oficial gracias a los llamados del presidente a tomar posesión de terrenos. Ahí hay gente que, una vez que invade, vende y compra parcelas aunque no tenga ninguna documentación”.
Relata haber visualizado en distintos puntos, al igual que en un espacio baldío ubicado en frente al estadio Antonio Herrera Gutiérrez en la avenida Rotaria, a quienes se instalan con carros y posesiones que dan a indicar que “a veces es gente que no tiene necesidad”.
Al mismo tiempo, lamenta que en este particular “el respeto se perdió hace mucho” y es por ello que, más a allá de irrespetar la propiedad privada, se ven perjudicadas instituciones como la iglesia católica y la universidad.
Debe promoverse una legislación
Piensa que debe redactarse una legislación que regule el espectro de los espacios subutilizados aunque deduce que el Gobierno nacional no presenta la mejor disposición para ello, pues no presentó ninguna propuesta durante los 10 años tuvo el control del Poder Legislativo.
“Con un marco jurídico claro la gente determinaría si vende, si construye, si hace algo con esos terrenos. En otros países existen normas que te obligan a pagar impuestos si no tienes produciendo tierras”, acotó.
Reprocha que a pesar de los abusos, expropiaciones y confiscaciones no se haya resuelto la problemática habitacional en Venezuela y prevé que el fenómeno de las invasiones continúe presentándose.
Organización civil como mecanismo de defensa
Finalmente, los conocedores de la problemática coinciden que la organización y unión civil es la mejor manera de cuidarse de esta problemática.
“Lo que siempre ha funcionado en sociedades con bajos niveles de institucionalidad y gobernabilidad tan bajos, no hay nada mejor que fortalecer la organización de la sociedad civil. Hay que buscar la manera de protegernos nosotros mismos desde la no violencia, cualquier situación debe denunciarse ante los entes competentes y hacerse pública a través de los medios de comunicación”, concluyó Meléndez.
“Hicimos esta toma por necesidad”
Por otro lado, en representación del colectivo Caminos de Esperanza, constituido en los terrenos invadidos de la UCLA, Alexander Pineda expresó que las acciones que llevaron a cabo en febrero del 2015 atendieron a la satisfacción de la necesidad de vivienda.
“Hicimos esta toma por necesidad. En ningún momento hemos apoyado otra insasión y no hemos sido manipulados en ningún momento políticamente”.
Allí las 268 familias no cuentan con suministro de agua. Algunos han realizado conexiones ilegales al cableado eléctrico.
A pesar de reconocer que dichas tierras pertenecen a los trabajadores universitarios, alega que “somos seres humanos y necesitamos bienestar para nuestros hijos. Ya nosotros estamos aquí instalados”.
Aclara que la principal razón que antes de establecerse en dicho sitio, las personas vivían en hacinamiento en casas de sus padres, tenían que vivir alquilados o simplemente se quedaban en la calle.
Van más de 24 en Palavecino
Para el presidente de la Comisión de de Urbanismo y Obras Públicas del Concejo Municipal de Palavecino, Jeremías Zavala, las invasiones en dicha localidad son planificadas y organizadas por grupos políticos vinculados al Partido Socialista Unido de Venezuela.
“Esas prácticas son orientadas son orientadas por personas de la pasada dirección municipal. Ellos elaboraron el Plan de Desarrollo Urbano Local (Pdul) en la gestión pasada y nosotros lo que hicimos fue aprobarlo por ende que ellos manejan toda esa data”.
Cree que las invasiones se han llevado a cabo tomando en cuenta esa información, pues estas han sido en un 90 por ciento en terrenos denominados en el Pdul como zonas residenciales.
Denuncia, al mismo tiempo, que en los últimos meses se han presentado invasiones en alrededor de 24 terrenos de considerables dimensiones.
“Muchos son parceleros de terreno, gente que invade y manipula a la gente siempre con una falta expectativa de vivienda”, declara.
Informó que están lideando, con la invasión en una zona que está proyectada a convertirse en la Zona Industrial de Cabudare, la cual cuenta con 300.000 metros cuadrados. Asimismo no descuidan el tema UCLA.
“Los chavistas ofrecen los terrenos irresponsablemente. Se estima que los ranchos sean vendidos en 4 millones de bolívares”.
