Repatriar el dinero congelado en bancos suizos y otros paraísos fiscales, que ha sido identificado como proveniente de actos de ilícitos de funcionarios venezolanos, se ha propuesto la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional con la Ley de Repatriación de Bienes Producto de la Corrupción.
A través de este instrumento, que podría ser presentado en agosto para su primera discusión, el país podrá recuperar los capitales evadidos del flujo público, para reinvertirlo en causas sociales como hospitales y alimentación.
«Estaríamos entrando en una materia nueva que en Venezuela no existe (…) Una de las cosas más importantes que se están discutiendo en esta ley, es lo que es susceptible de ser recuperado: por un lado tenemos los activos adquiridos de forma ilícita y por otro las empresas creadas con ese dinero y las ganancias generadas a partir de esos activos. No sólo se trata de recuperar lo robado, sino también de disminuir los incentivos a quienes quieran continuar robando», señaló el presidente de la Comisión de Contraloría, diputado Freddy Guevara.
En el marco del desarrollo de este proyecto, la instancia parlamentaria organizó este viernes un foro con invitados internacionales, quienes el día anterior formularon sus planteamientos en una mesa de trabajo con la Comisión. Actualmente, el órgano legislador analiza los estándares internacionales, específicamente el modelo de las Naciones Unidas, para enmarcar el nuevo instrumento no sólo en la Constitución nacional, sino también en las convenciones sobre derechos humanos.
Expedito
De acuerdo con Guevara, la novedad de la Ley de Repatriación es que separará este camino del proceso penal que necesariamente se impone sobre los corruptos, pero que en Venezuela no ha conducido a resultados apreciables, a través de la figura de la «separación de dominio».
«Lo que planteamos es más expedito, porque una cosa es juzgar a una persona por corrupción, y otra determinar que un capital ha sido adquirido de manera ilícita», explicó.
Así mismo, la Comisión plantea crear una estructura «especializada e independiente» del sistema de justicia, que ostente «el monopolio de la lucha contra la corrupción» y se encargue de investigar, «cazar» el capital robado entre el entramado financiero que protege al lavado de dinero.
Por otro lado, para evitar que lo recuperado vuelva nuevamente a Suiza o Andorra, plantean que no retornará al gasto público, sino a un fondo especial que sería destinado exclusivamente al gasto social, es decir, salud y alimentación.
«El acto de justicia más claro para este país es, por ejemplo, construír una sala de quimioterapia que afuera tenga una placa que diga: esta sala se construyó con el dinero recuperado a la corrupción», expresó Guevara.
«Estoy plenamente convencido de que lo vamos a lograr, y que en poco tiempo seremos llamados de otras naciones a explicar cómo pasamos de ser el país más saqueado, a ser el país con la mayor recuperación de activos provenientes de la corrupción», concluyó el legislador.
Prioridades
Solamente a través de la extinta Cadivi se fugaron del país alrededor de 60 mil millones de dólares, de las manos de cientos de contratistas involucrados en fraudes en la adquisición de divisas. Alrededor de la mitad calcula la Comisión de Contraloría que han sido desviados de Pdvsa por un número mucho más reducido de personas.
«En el caso de Pdvsa es menos dinero pero hay responsables identificados, e incluso presos en EEUU. Entonces ya hay una cantidad de dinero que puedes identificar y recuperar», dijo Guevara.
