En la sesión ordinaria de este jueves, la Asamblea Nacional (AN) aprobó un Acuerdo en rechazo a las agresiones contra estudiantes del Seminario San Buenaventura del estado Mérida, suscitados el pasado 1 de julio.
El diputado por la bancada de la unidad William Dávila fue el encargado de realizar la solicitud y aseguró que grupos irregulares violaron los derechos humanos de estos menores de edad, quienes presuntamente se dirigían a recibir clases de inglés al momento de ser víctimas.
“Les quitaron la ropa, les quemaron la ropa, los amenazaron con quemarlos vivos, los golpearon con candado y a uno de ellos los pusieron en una alcantarilla; cuando les preguntaron si eran chavistas u opositores, los muchachos respondieron ¨somos seminaristas¨ y eso bastó para que la ira se afincara contra ellos”, explicó.
Dávila sostuvo que se produjo nacional e internacionalmente una muestra de fraternidad y amor en apoyo a estas personas; al mismo tiempo expresó que no se deben admitir estas situaciones irregulares sea cual sea la religión que profese el ciudadano.
“Esto es inaudito en pleno Siglo XXI, cuando precisamente grupos que han sido amparados por el Gobierno estén violando disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contemplados en las Naciones Unidas”.
Por su parte, el diputado por el bloque de la patria, William Gil, señaló que estos menores de edad están vinculados con el partido Voluntad Popular, con lo cual se involucra y perjudica a la iglesia católica.
En ese mismo orden de ideas, la diputada por el estado Miranda, Delsa Solórzano, cuestionó que el oficialismo justificara este hecho únicamente por el posible nexo.
“Debemos reivindicar los derechos de los seminaristas que fueron desnudados, porque es que si estaban haciendo actividad política, ¿estaban bien desnudarlos?, qué barbaridad e irrespeto hacia los derechos humanos”.
Becas en el Zulia
Como parte del debate sobre las acciones de violación de derechos humanos y abuso de poder contra la juventud venezolana, la parlamentaria por el estado Zulia, Nora Bracho, aseguró que cada día aumenta la persecución hacia las personas que difieren del pensamiento oficialista.
Específicamente se refirió al plan de becas Jesús Enrique Lossada, iniciado durante la gestión del ex alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, el cual apoya económicamente a jóvenes que no pueden cubrir su educación en las universidades privadas y de la que en la actualidad menos de 5 mil gozan del beneficio.
“Unas becas que hay que insistir eran para todos los jóvenes; sin distinción política, sin preguntar si militaban en el PSUV o era azul, blanco o amarillo”, añadió.
De acuerdo con lo expresado, el director de Funda Lossada, Luis Pérez González, habría enviado una carta a los distintos recintos universitarios para comunicar, conjuntamente con una lista, sobre la suspensión de becas de algunos alumnos por haber participado en el proceso de validación de firmas.
“Este director siguiendo instrucciones de Arias Cárdenas sacó a 896 jóvenes de sus aulas y universidades, truncándole y arrebatándole la esperanza de un futuro mejor”, dijo.
Finalmente, Bracho exigió ante la plenaria al gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, restituir a estos jóvenes, a quienes se les torna casi imposible continuar sus estudios por percibir salario mínimo.
