No se puede negar que- con todo su carácter elitesco, y las constantes presiones del gobierno -a principio del siglo XX comienzan a surgir nuevas universidades aunque en forma muy lenta. A parir de 1958 comienza un crecimiento y una primera etapa de masificación de las universidades. Para entonces sólo existían la Universidad Central de Venezuela (1721), la Universidad de Los Andes (1810), la Universidad del Zulia(1891-1904 y 1946), la Universidad de Carabobo (1892-1903 y 1958) y la Universidad de Oriente (1958), junto con las privadas, Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Santa María, establecidas en 1953 (López Bohórquez. 2009: p.36).
En 1958 se promulga la primera Ley de Universidades lo que representó, en el plano teórico y legal, basamentos para la democratización y autonomía de las universidades. Sin embargo en la práctica se produjo todo lo contrario y en la década de los 60- en el contexto del surgimiento de la democracia representativa pero también alimentada por procesos externos como fueron todos los movimientos nacionalistas y antiimperialistas de los años ’60, que llevaron a lo que se llamó la Renovación Universitaria- hicieron de éstas caldo de cultivo para las protestas y apoyo a los movimiento insurgentes en rechazo a las políticas de gobierno, que llevaron a la más brutal represión de los movimientos populares y universitarios y el allanamiento de las principales casas de estudio. Tan solo en 1970 es reformada nuevamente la Ley para limitar la autonomía y la democracia universitaria y además contribuir con el surgimiento de las universidades experimentales y el inicio de un proceso tecnocrático.
¿Ha existido una política universitaria en Venezuela?
Como hemos señalado no hay la menor duda que en la época colonial éstas instituciones acataban fielmente el pensamiento religioso e hispánico dominante. Y si bien desde la reforma republicana de 1827 se dan los primeros pininos de la autonomía y la modernización universitaria, los gobiernos más que dirigir, controlaban las universidades.
Es difícil señalar que existiera una política universitaria, en el sentido de formular unas directrices que permitieran planificar el papel de las universidades en el progreso del país. Más aun cuando si es discutible que hayan existido proyectos o planes de país, que vayan más allá de la retorica o el cumplimiento de un requisito. Muchas Universidades han funcionados por su propia cuenta. En lo interno su administración y los procesos curriculares han respondido mas a imitar y trasladar modelos foráneos que responder a una política universitaria emanada del estado nacional. Y podríamos agregar, en forma de interrogante: cuál estado nacional y cual proyecto de país? Por eso reafirmamos que la relación entre gobierno y universidades ha sido fundamentalmente de carácter presupuestario y control político por la fuerza cuando el estado se ha visto amenazado.
Esta situación se complica aún más en los últimos 50 años con el crecimiento y masificación de las universidades a partir de la década de los ’60 del siglo pasado. Aunque los datos no son exactos ni fidedignos hoy existen en el país más de 150 instituciones universitarias, de las cuales unas 70 son de carácter público y el resto en su mayoría privadas. Y aunque todas estas se rigen por el derecho público, lo cierto es que bien discutible que podamos hablar de una política universitaria en el país. No es que no existan, sino que están cargadas de ambigüedades, contradicciones, políticas paralelas, predominio de lo presupuestario. En 1960, bajo la intención de coordinar la política pública y la relación que entre el estado y las universidades se crea el Consejo Nacional de las Universidades. El Ministerio de Educación Universitario apenas surge en el 2012. Continuará…
