La activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) supone, en primer lugar, un reconocimiento formal de la mayoría de los países miembros de la OEA de que en Venezuela hay una alteración grave del orden democrático, así lo sostiene el abogado venezolano Mariano de Alba, especialista en Derecho y Relaciones Internacionales, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y docente universitario.
Según la propia resolución, luego de ese reconocimiento, la consecuencia es simplemente el inicio de gestiones diplomáticas para promover el regreso de la democracia. Esto se concreta a través de conversaciones entre los países y la promoción del diálogo entre los actores relevantes.
De Alba explica que sólo si las gestiones diplomáticas fallasen, es que el Consejo Permanente de la OEA pudiese convocar a los cancilleres de los países para que éstos decidan qué otras medidas pueden tomar, siempre dentro del respeto al derecho internacional.
Una medida específica de la que habla la Carta es la suspensión del país evaluado de su participación en la OEA, pero sólo si dos terceras partes de los países (24) así lo deciden.
Añade que una activación de la Carta no justificaría ni daría paso a una invasión extranjera. La Carta simplemente supone la realización de acciones diplomáticas y en última instancia, una suspensión del país evaluado de la organización.
“Tampoco puede hablarse de una afectación del libre mercado porque ello no está en el ámbito de las competencias de la OEA. Restringir el comercio con Venezuela es algo que dependería finalmente de la decisión individual de cada país de la región. Mercosur tendría que hacer su examen particular sobre la situación de Venezuela y decidir, conforme a sus normas, qué medidas tomar”.
-¿En qué consiste este mecanismo, quién lo activa y por qué razones se llega a ese punto?
-La Carta Democrática Interamericana es una resolución aprobada por los países miembros de la OEA que reconoce que los ciudadanos de esos países tienen el derecho a vivir en democracia. Por ende, los gobiernos de la región tienen la obligación de promover y defender la democracia. Por Venezuela, fue aprobada por el gobierno de Hugo Chávez en septiembre de 2001.
La CDI establece cuáles son los elementos esenciales de una democracia y los componentes necesarios para su ejercicio. Reconoce la necesidad de que se respeten los derechos humanos, prevalezca el Estado de Derecho, se celebren elecciones libres y justas, exista diversidad de organizaciones políticas y haya separación e independencia entre los poderes públicos.
La activación de la CDI puede darse bajo dos escenarios. Primero, cuando un gobierno sufre un Golpe de Estado. En ese caso quien solicita la activación de la Carta es el gobierno legítimo.
Segundo, cuando un gobierno deja de respetar los elementos esenciales de la democracia. Para ese caso, el Secretario General de la OEA o cualquier país miembro, puede solicitar la activación. La decisión sobre si se activa la Carta corresponde al Consejo Permanente de la OEA, donde están representados, por sus gobiernos, todos los países de las Américas, excepto Cuba.
Se llega a la activación de la Carta porque la mayoría de los países de la OEA entienden que existe alteración grave del orden democrático que pone en riesgo la estabilidad del país afectado y potencialmente del resto de la región.
-¿Cuál es el proceso para su activación?
-Bajo el segundo escenario, el proceso para la activación supone entonces en primer lugar una solicitud del Secretario General de la OEA o del gobierno de cualquier país miembro y posteriormente la decisión sobre si se activa o no la Carta que corresponde, mediante una votación, a los países reunidos en el Consejo Permanente de la OEA. Sólo si una mayoría considera que existe una alteración grave del orden democrático en un país de la región es que puede considerarse activada la Carta.
-¿Cuál sería la responsabilidad moral de aplicar la Carta Democrática por cuanto se trata de una sanción?
-No es totalmente correcto decir que la aplicación de la Carta se trata de una sanción. Es un instrumento que simplemente busca preservar la democracia en todos los países de la región. Aunque es cierto que la aplicación de la Carta supone el reconocimiento formal de que en un país hay una alteración grave de su orden democrático, la consecuencia práctica de su aplicación sería la realización de gestiones diplomáticas por parte de los países para promocionar un diálogo entre los venezolanos.
-¿Cuál es el estatus actual de la CDI?
-La Carta no ha sido activada porque el Consejo Permanente no ha votado para decidir si existe o no una alteración grave del orden democrático en Venezuela. La votación del pasado 23 de junio fue simplemente para decidir si el Secretario General Luis Almagro podía intervenir y presentar su informe. Actualmente, los países están conversando informalmente sobre qué hacer y una de las opciones que ha obtenido más apoyo es la conformación de un grupo de amigos que acompañe los esfuerzos de mediación del ex-presidente español Rodríguez Zapatero. Ello no quita que a solicitud de un país o del Secretario General, el Consejo Permanente vuelva a reunirse pronto para decidir si efectivamente activa o no la Carta.
Preservar los principios democráticos
El doctor Jorge Rosell, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, señala que la CDI establece que la ruptura del orden democrático constituye un obstáculo insuperable para la participación de un gobierno en el seno de la OEA.
“Es un instrumento que sin duda actualiza permanentemente los objetivos de esta organización internacional con vista a sus principios fundacionales, impidiendo que gobiernos irrespetuosos de las bases de una democracia puedan formar parte del organismo continental”.
Rosell añade que la activación de la CDI puede culminar en la suspensión temporal de Venezuela en el ejercicio de su participación en la OEA, para ello se requiere el voto de los dos tercios de los miembros.
“La corriente oficialista ha difundido que esto traería como consecuencia una intervención internacional, lo cual es totalmente falso, pues ello atentaría contra el principio de no intervención, soberanía e independencia de los Estados base que apuntala la existencia de la OEA”.
Ahora bien, lo que se efectuó, mediante la aplicación del artículo 20 de la CDI fue ordenar “la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
Dicha convocatoria podrá ser ordenada por el Secretario General de la OEA, quién así lo hizo. Hasta ahora sólo se inició el proceso, lo cual fue sometido a votación, ganando la proposición de Luis Almagro de plantear en un informe que leyó, sobre la difícil situación que vive Venezuela.
Ineludible
Rosell apunta que aparte de la crisis humanitaria que vive Venezuela debido al desabastecimiento de alimentos y medicinas, de la existencia de presos políticos, de la fallas notorias en los servicios públicos principalmente de luz eléctrica y agua, sobresale una circunstancia que hace ineludible la aplicación de la CDI: la falta de independencia de los poderes públicos, principalmente de órganos como el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría General de la República, los cuales de manera evidente y lastimosa cumplen las órdenes que emana el Ejecutivo nacional y principalmente la Presidencia de la República.
“La actitud de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, aceptando ser compuesta por magistrados designados por la anterior Asamblea Nacional en diciembre 2015, comprueba que sólo se acatan órdenes del oficialismo lo cual atenta contra la separación de los Poderes y justifica la activación de la CDI”.
Agregó que la conducta asumida por el CNE, en lo que atañe al proceso del referendo revocatorio, ratifica la idea de que en Venezuela no existe un régimen democrático, sino uno autoritario.
El abogado reitera que la activación de la CDI no significa que Venezuela será apartada de la OEA, sino que los Estados permanecerán vigilantes de la situación venezolana.
“Esto no tendrá como consecuencia una injerencia directa en el gobierno del país, sino una contundente declaratoria de lo inconstitucional del régimen, lo cual tendrá repercusiones políticas y económicas muy importantes”.
