La violación sistemática de la Constitución Nacional Bolivariana por parte del régimen de Nicolás Maduro y de los Poderes Públicos que le obedecen incondicionalmente, ha generado un repudio mayoritario, no sólo de la población venezolana, sino también de la mayoría de los gobiernos democráticos del mundo occidental, que se expresa en una sólida presión democrática para obligar a Maduro respetar la Carta Magna.
La primera manifestación del rechazo a las políticas económicas y sociales implementadas por el gabinete que dirige Nicolás Maduro, fue la votación universal, directa y secreta de los venezolanos el 6 de diciembre, que le otorgó a la oposición las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, mayoría calificada que el Tribunal Supremo de Justicia, obedeciendo órdenes de Miraflores, torpedeó anulando la elección de 4 diputados del Estado Amazona.
De allí en adelante el TSJ ha desconocido inconstitucionalmente varias decisiones soberanas de la Asamblea Nacional. Y si a esta monstruosidad jurídica se agrega la catástrofe económica y social, agravada en estos dos últimos años, que ha provocado la inflación más alta del mundo occidental, la escasez de alimentos y medicinas que ya ha cobrado varias vidas de ancianos y niños por no encontrar el medicamento adecuado; la inseguridad que cobra muertos por miles cada año, y la violación de los Derechos Humanos, los presos políticos y los exiliados que en esta época no sólo escandaliza, como ha sucedido en otros momentos, sino que también ha movilizado a organismos democráticos internacionales a aumentar la presión por el respeto a la Constitución Nacional venezolana y a los tratados interamericanos y mundiales suscritos por el gobierno de nuestro país.
Ante esta grotesca realidad que exhibe el gobierno de Maduro, el país y el universo democrático ya actúan sincronizadamente para obligar al régimen a establecer un diálogo sin presos políticos y sin exiliados, y a que respete la realización del Referendo Revocatorio en este año 2016. Para tratar de lograrlo la OEA ha activado la Carta Democrática Interamericana, que cumple un proceso de consulta de los gobiernos del continente.
Y aunque la presión es internacional, la oposición constata que atraviesa su mejor momento político para avanzar hacia el Referendo Revocatorio, porque además de la mayoría que representa, más del 80% de los venezolanos encuestados se pronuncia a favor de un cambio de gobierno, que incluye un sector importante del chavismo que no se siente representado por Nicolás Maduro.
La conclusión a la que cualquier analista sin mucha profundidad puede arribar es que si no hay Referendo Revocatorio, no hay cambio en las políticas gubernamentales y el país se hunde en un tremedal político, económico y social, y por lo tanto puede entrar en una turbulencia incontrolable, y a la no deseable aplicación al gobierno de la Carta Democrática Interamericana.
El optimismo no es exagerado y menos panglosiano, si confiamos en la conducción acertada que hasta hoy ha demostrado la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el ritmo que con gran coraje y apego a la Carta Magna impulsa la Asamblea Nacional.
