El tema de las consultas populares es noticia en las grandes democracias del mundo.
El Reino Unido se jugó su permanencia en la Unión Europea mediante un referendo, y en Francia los precandidatos presidenciales, el actual presidente Francois Hollande y el expresidente Nicolás Sarkozy, ofrecen a la población referendos para consultar sobre la legislación antiterrorista, retiro de nacionalidad a los binacionales, etc.
En nuestro país, el panorama es diferente. El proceso de activación de referendo revocatorio iniciado por la MUD avanza muy lentamente, debido a las trabas que ha puesto el CNE para su realización.
Después de una larga pausa por parte de las autoridades electorales respecto a la validación de las firmas, la segunda semana de junio se llevó a cabo la fase de “arrepentimiento” de las personas que desearan retirarla. Este procedimiento no se encuentra en el reglamento aprobado por el CNE en 2007, pero constituyó una de las exigencias del PSUV al ente comicial. Por el contrario, los 605.727 electores excluidos no tuvieron la oportunidad de revalidar su voluntad y ser incluidos.
El proceso de retiro fue un fracaso en términos numéricos y políticos para el PSUV, promotor de la iniciativa. En Lara apenas 178 ciudadanos retiraron su firma, y en todo el país lo hicieron tan solo 5.538 electores.
La semana entre el 20 y 24 de junio se llevó a cabo el proceso de la autenticación de las huellas de los firmantes. La participación fue masiva y el primer día lograron recolectarse aproximadamente el 40% de las firmas requeridas. Con la instalación de apenas 300 captahuellas en todo el país y su distribución caprichosa por parte del ente electoral, el evento sirvió para galvanizar los ánimos de las personas a favor del revocatorio. Las colas serpenteantes de ciudadanos demostraron una vez más la gran voluntad de cambio del electorado.
Para esta etapa bastaba con consignar 195.721 firmas. Si se sortea este obstáculo, la MUD tendrá que enfrentar otros muchos más complejos, eso sin contar la demanda de fraude interpuesta por Jorge Rodríguez ante el TSJ por las firmas invalidadas. Como ha sido costumbre desde que la oposición ganó la elección parlamentaria del año pasado, el TSJ ha pasado a ser un actor político principal del sistema, por cuanto sus decisiones invariablemente inclinan la balanza a favor del gobierno.
De tal forma que, una vez culminada esta etapa del revocatorio, de acuerdo a lo expresado por la presidenta del CNE no será sino hasta la última semana de julio cuando se pronuncie sobre el cumplimiento del 1%. Sólo en ese momento la MUD podrá solicitar al organismo la activación del mecanismo.
De acuerdo con la Constitución, es necesario que al menos 20% de los electores inscritos en el Registro Electoral Permanente firmen para activar la solicitud referendo revocatorio. Actualmente, el REP está constituido por 19.572.144 personas; por lo tanto, para activarlo harían falta 3.914.428 electores. La oposición sólo contará con tres días para reunir como mínimo esta cifra, lo cual supone un gran esfuerzo de organización por parte de la MUD. Lo visto en la jornada de autenticación de huellas apunta a que sí posee suficiente capacidad de movilización para lograrlo.
Luego de superado este escollo y desconociendo por los momentos las nuevas normas sobrevenidas a las que nos tiene acostumbrado el CNE, seguramente se agregaran otros procedimientos de verificación a las manifestaciones de voluntad. Y sólo una vez superado este 20%, el ente electoral está en la obligación de organizar y convocar el referendo revocatorio, en un lapso de 90 días.
Una cosa si es está clara: los electores quieren poner fin a la presidencia de Nicolás Maduro por medio de un referendo revocatorio. La última encuesta de opinión pública de Datanálisis señala que 75% de los ciudadanos está dispuesto a revocar al Presidente.
Esto nos habla entonces de un consenso entre el pueblo opositor y oficialista en torno a resolver el conflicto político por la vía electoral, que incluso trasciende de la identificación partidista.
De tal manera que, como hemos expresado en otras oportunidades, de celebrarse la consulta en 2016 ó 2017 significará un hito significativo en la recomposición de la democracia en Venezuela.
