Desde la llegada al poder del fallecido Hugo Chávez, el Gobierno nacional ha asegurado reiteradamente llevar a cabo una gestión en la que vela plenamente por el cumplimiento de los derechos de “la clase obrera”, línea discursiva de la que no se alejó el mandatario nacional Nicolás Maduro y que ha tratado de apoyar en aumentos salariales en días conmemorativos, legislación que según expertos sobreprotege a los mismos y entre otras disposiciones.
Sin embargo, en la actualidad se ha visto como distintos trabajadores públicos han salido a las calles del país en son de protesta, primeramente para reclamar sus derechos laborales, pero también para denunciar atropellos de funcionarios que dicen ser parte de un “Gobierno obrero”; combinación de palabras imprescindibles en la retórica de los voceros oficiales.
Las manifestaciones han sido por distintas razones, pero todas enmarcadas en reclamos del ámbito laboral. Estas van desde la exigencia del pago de la quincena, hasta el reproche por negativa patronal para la firma de un contrato colectivo.
La irresponsabilidad gubernamental para responder a los compromisos con sus trabajadores no ha distinguido sector gremial pues médicos, enfermeros, obreros, profesores, ingenieros y entre otras profesiones sufren las consecuencias de la dejadez oficial.
A juicio del abogado especialista en materia laboral y docente universitario, León Arismendi, los empleados dependientes del Estado se encuentran pagando la incapacidad de quienes han gobernando al país y conducido a la crisis económica en la que se encuentra.
“Históricamente a los trabajadores les ha ido muy mal con los que se hacen llamar mandatos a favor de los trabajadores. Se buscan imponer ideologías y ellos terminan pagando los errores”, afirma haciendo referencia al fracaso de Revolución Rusa y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre otros.
Cree que una de las principales razones por las que el Poder Ejecutivo y su gabinete ministerial se ha visto incapaz de responder a las solicitudes de la clase obrera, es la falta de previsión y panificación en la materia.
“La mayoría de estos entes dependen del presupuesto nacional que es lo mismo que decir que dependen de las ventas del petróleo, y luego de la caída de los precios estamos viendo las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno”.
Las empresas básicas de Guayana, así como las nacionalizadas o bajo supervisión del Estado en todo el país, universidades públicas, la Corporación Eléctrica Nacional, hospitales, entre otros institutos, no generan los ingresos suficiente para mantenerse, algunos ni siquiera producen alguno.
“Si de verdad fuese un Gobierno de los trabajadores, hubiese tomado en cuenta las previsiones necesarias para cumplir con esas obligaciones. No se pueden pretender ahora, argumentar que esas compañías no generan ingreso monetario para tratar de justificar”.
Canales para dirimir controversias bloqueados
Aunado a la violación de los derechos laborales, hoy por hoy al trabajador se le bloquean todos los canales regulares para hacerse escuchar ante estas situaciones en los entes públicos, considera Arismendi.
“Cuando un empleador del sector privado está en situación de conflicto laboral la Inspectoría lo tramita e incluso eventualmente hasta huelgas se declaran. Pero cuando se trata de una institución del Estado todas estas puertas se cierran y se bloquean las posibilidades de hacer los trámites legales correspondientes”.
Es por ello, agrega, que se han visto infinidades de protestas con acciones de calle. “El Ministerio del Trabajo no acciona en contra del sector público”.
Van en contra de la Constitución
Una de las banderas principales de los obreros que se han mantenido en pie de lucha ha sido la reivindicación salarial. El salario justo está contemplado en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Crbv) y este debe permitirle al venezolano “vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”, según dicta la Carta Magna.
Sin embargo, la realidad es otra. “Ahorita el sueldo no alcanza ni para medio comer. Hay mucho adorno y pocas concreciones”.
Paradójicamente, este derecho vuelve a estipularse dentro la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), en su artículo 98.
Proceso de destrucción del trabajo
Señala que, a su vez, se transita por un proceso de destrucción del trabajo realizado premeditadamente como política de Estado.
“El trabajo es un proceso fundamental para el desarrollo y crecimiento de un país, y para que las personas que lo llevan a cabo puedan obtener lo necesario para vivir y superarse”
Al contrario del deber ser, en Venezuela el que vive de su trabajo “la está pasando muy mal, aquí no hay estímulo para trabajar”.
Es necesario sincerarse
Más allá de los engaños a los que son sometidos trabajadores y la ciudadanía en general, piensa que es necesario sincerarse, esto implica reconocer que se está frente a una situación de crisis.
“Debe haber un cambio en la política económica, se debe reinstitucionalizar el país, deben ser instituciones al servicio del país y no del partido de turno. Las obligaciones que adquirió el Gobierno debe cumplirlas y si no tiene con qué, que lo diga”.
A su vez, espera que pronto se subsane la situación de crisis pues considera que Venezuela es un país con muchas potencialidades, pero mal administrado.
“Los trabajadores seguirán protestando porque si seguimos así los problemas de toda la colectividad se van a acrecentar”, puntualizó.
Empleados públicos de Lara en la lucha
En el estado Lara, durante los primeros cinco meses del 2016 se han generado al menos 54 protestas de índole obrero, según registran cifras del observatorio de conflictividad social de Funpaz. De ellas, 44 las han generado empleados de sector público.
Desde Corpoelec, de las centrales azucareras del país, de los institutos públicos municipales y regionales por déficit presupuestario, desde el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), del Hospital Luis Gómez López, incluso profesores universitarios y otros, les ha tocado alzar su voz mediante acciones de calle para exigir sus derechos.
El común denominador: ajuste salarial, atraso en la cancelación del mismo e incumplimiento en acuerdos de la contratación colectiva, en su defecto, el vencimiento de la misma.
También se contemplan reenganches ordenados por la Inspectoría del Trabajo desacatados, despidos injustificados, amedrentamiento, persecución sindical y la violación de distintas normas creadas con el fin de defender al personal obrero.
Testimonios
“No hay quien nos defienda”
A juicio del primer vocal del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica del estado Lara (Sitiel), el actual mandatario nacional y sus colaboradores no representan los intereses de los trabajadores.
“Este último año ha sido un viacrucis para todos los sectores (…) Se ha dedicado a darnos la espalada”.
En concordancia con lo expuesto por Arismendi, plantea que el Ministerio del Trabajo se convirtió en un ala gubernamental que no va en contra de los intereses políticos oficiales.
“En Venezuela no hay ningún ente que defienda los trabajadores. Ellos se apropiaron de todo el aparato y no hay quien levante un dedo en contra del Estado”.
“Sus actitudes van en contra de lo que pregonan”
Para el secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Inces (Sintrainces) en el estado Lara, Gabriel Silva, reitera que representantes gubernamentales se encargan de perseguir y atacar a los trabajadores.
“Sus actitudes van en contra de lo que pregonan, de nada vale decir que el presidente es un obrero cuando nosotros estamos siendo atropellados y perjudicados. Lo menos que hacen es preocuparse por el capital humano”.
Al mismo tiempo, entiende que el Inces es utilizado como una herramienta para sacar provecho político pues existen sedes en todo el país de este ente.
“Todos los trabajadores estamos golpeados”
Por su parte, la presidenta de la Asociación de profesores de la UCLA, Deborah Velázquez de Valecillos, dice no comprender la razón por la que el Gobierno nacional y sus representantes “no se comprometen a generarnos soluciones”.
“Es muy triste la realidad que estamos viviendo pero no debemos conformarnos sin hacer nada. Él dice que es un presidente obrero pero debería dedicarse a entender la clase trabajadores porque todos estamos golpeados”, criticó.
Entes y dependencias
Los empleados de distintos entes quienes han protestado por reivindicaciones laborales en Lara son de:
- Corpoelec, pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para la Energía Electrica.
- Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
- Hospital General Universitario Luis Gómez López, al servicio del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
- Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), en nómina del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo.
- Profesores universitarios, adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación.
- Centrales azucareras, subordinados al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.
