Asdrúbal Aguiar (*)
Los alineamientos políticos, por fuerza de las realidades, se han completado en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro, contumaz frente a la OEA después de haberla reconocido al invitar a su seno y en calidad de “mediador” de la crisis venezolana al ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, sostiene su línea de “diálogo amarrado”: para estabilizarse y lograr – apoyado por Leonel Fernández y sus empresarios amigos – una mano que le tuerza el brazo al deslave de hambruna e indignación popular que amenaza con expulsarlo del poder. La Mesa de la Unidad Democrática, por su parte, se abroquela alrededor de la misma OEA, pide respeto a la soberanía popular, y hace valer su objetivo indeclinable: el referéndum revocatorio durante 2016.
El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, diga lo contrario la gaceta de Maduro, Últimas Noticias, ya ha sido activado; lo es desde el instante en el que el Consejo Permanente de la OEA acuerda, bajo protesta de la Canciller venezolana, reunirse a pedido del Secretario General, Luis Almagro; recibir el Informe que elabora éste sobre las alteraciones graves del orden democrático y constitucional que ocurren en dicho país; y abrirle juego a una apreciación colectiva de la cuestión.
El primer apartado de la norma reza, en efecto, que: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación…”. Pues bien, la convocatoria del Consejo y su realización, el pasado 23, de suyo predica la cristalización del supuesto normativo: Venezuela sufre de una grave alteración en su orden constitucional y democrático. Así de simple.
No agotaré líneas en explicar la diferencia entre esta hipótesis nueva de la Carta y la vieja hipótesis de la OEA de 1948, que autoriza la actuación autónoma del Sistema Interamericano de ocurrir golpes de Estado.
El artículo 20 no excluye el diálogo como medio, ese que nominalmente reclama Maduro y al que mal puede negarse la oposición. “El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”, es lo prescrito. Pero, en el marco de la OEA, todo diálogo se funda sobre un denominador común: el respeto a la democracia y sus estándares. Ha de ser un diálogo entre demócratas, que no un diálogo entre la democracia y sus enemigos. ¡He ahí la cuestión!
Es evidente que la sola mediación de Zapatero en nada contribuye a un diálogo así concebido, pues éste, de antemano, coincide con el propósito de Maduro. No cree en el revocatorio como solución electoral y le parece un exabrupto. No por azar alguien ha dicho que a los venezolanos tampoco les gusta el modelo constitucional monárquico al que adhiere el ex presidente.
En todo caso, habrá que resolver, si hay tiempo, y si el tiempo de la violencia social que se encuentra a la vuelta de la esquina lo permite, sobre un esquema de diálogo satisfactorio que implique mediadores imparciales o equilibre al existente con otros que piensen distinto; que con urgencia defina un campo de juego neutral, ya que a Maduro sólo le complacen La Habana y Santo Domingo; y en donde la agenda exija mínimos democráticos de comportamiento: El cese de la represión judicial, militar y policial; la libertad de los presos políticos; un canal humanitario para que la gente coma y se vea libre de chantajes; en fin, que el Poder Electoral respete al soberano y garantice su derecho a la participación política oportuna.
Cabe estar muy alerta, a todo evento, ante la diplomacia meliflua y tributaria de la “ceguera ideológica”. Bien lo apunta, en 2006, Gabriel Salvia: “Mientras resulta muy generalizado el rechazo internacional al dictador chileno, no sucede lo mismo con el cubano, … Y, precisamente, uno de los motivos que ha mantenido en pie a la larga dictadura cubana es la complacencia internacional, …, por la coincidencia con sus políticas «antiimperialistas» [la amenaza extrema “orwelliana”, que para los Socialistas del siglo XXI justifica sacrificar libertades]. Y un ejemplo de lo anterior es el poco apoyo y la falta de solidaridad internacional que tuvo el Proyecto Varela, una iniciativa similar a la que en Chile permitió terminar con la dictadura de Pinochet. Efectivamente, al igual que en el país austral, la Constitución cubana contenía un artículo que permitía la convocatoria a un referéndum si se reunían como mínimo 10.000 firmas”. Esas tenemos.
(*) Ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
