El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, expresó su preocupación por la vigencia de este derecho en Venezuela.
Durante una visita académica al país, señaló acciones del Estado que no cumplen con los estándares internacionales, como por ejemplo el cambio de administración de ANTV, luego de que la Asamblea Nacional pasara al dominio de la oposición.
«Discriminación por razones políticas. Uno mira detrás de cada una de estas acciones, y ves que como ahora cambió la composición política (de la AN) se usa el poder para eliminar la disidencia. Es lo mismo que pasó con RCTV», manifestó este jueves en el marco de un foro organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Lanza recordó que se trata de un canal público el que estaría siendo utilizado al servicio de la corriente política gubernamental. Sin embargo, esto no es exclusivo de Venezuela.
«En la región los medios públicos de comunicación social han sido tomados como aparatos de desinformación y herramientas para la defensa del gobierno, y para el ataque a sus opositores», manifestó.
«Es una deuda pendiente que tenemos en la región. Tenemos que avanzar en estos temas, y lograr medios públicos independientes y autónomos para ayudar a conformar un sistema donde prevalezcan los derechos humanos», agregó.
En el encuentro, donde también estuvo presente el ex presidente de la CIDH, Carlos Ayala Corao, se abordaron distintas aristas de lo que significa el ejercicio de la libertad de expresión e información. Aunque su visita no fue oficial, Lanza se reunió con organizaciones civiles y con la sub comisión de la Asamblea Nacional que adelanta la Ley de Acceso a la Información Pública.
Internet y los DDHH
«No queremos pensar que cuando estamos hablando de las nuevas tecnologías de la comunicación, de toda esta nueva dimensión digital que hemos conocido y estamos por conocer, eso escapa del derecho universal a la libertad de expresión. Para la protección de nosotros las personas es muy importante que no olvidemos que todas estas nuevas tecnologías tienen que estar bajo los parámetros de ese derecho universal que sigue precisando los límites del poder del Estado», manifestó por su parte Carlos Ayala Corao.
De acuerdo con el jurista, siempre debe predominar la perspectiva del ciudadano. Sin embargo, al igual que ocurrió en su momento con la radio y la televisión, algunos han pretendido regular el uso de la internet y los medios digitales con «excusas técnicas» que circunscriban su dominio al concepto de seguridad de la nación.
«Siempre va a existir la tentación autoritaria de darle una mirada a la comunicación como un tema de soberanía de estado. Sin negar que pueden tener en algunos aspectos esa dimensión, estos temas tienen que ser siempre analizados desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión y de comunicación», recalcó el profesor.
Venezuela al margen
Para Ayala, uno de los que ha caído en la «tentación» autoritaria ha sido precisamente el gobierno venezolano, al que recordó que «bloquear un sitio web es equivalente a cerrar un medio».
«Nosotros los venezolanos estamos viendo a diario la censura y la autocensura por temor a las represalias», dijo.
A pesar de que los estándares internacionales han reforzado la doctrina de que «los estados no son libres de establecer censura, Venezuela ha ido en contravía (…) Lo sabemos porque la reforma del Código Penal de 2005 fue precisamente para ampliar los tipos penales de difamación», señaló académico.
Caso RCTV
De la misma forma que ANTV, en el país se utiliza la potestad «discrecional» que tiene el Estado para administrar el espectro radioeléctrico para incurrir en desviaciones de poder con objetivos políticos.
El mejor ejemplo es el cierre de Radio Caracas Televisión en 2007.
«La potestad que tiene el Estado para asignar o renovar una frecuencia radioeléctrica es absolutamente discrecional. No hay procedimientos ni regulaciones objetivas y esto también genera censura y auto censura», manifestó el ex presidente de la CIDH.
