El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Luis Segura, fue acusado formalmente por el delito de administración fraudulenta en una causa que investiga el manejo irregular de fondos públicos que recibía la entidad a cambio de los derechos de televisión de los partidos de la liga argentina.
La medida fue dispuesta el jueves por la jueza federal María Servini de Cubría, quien también procesó a tres ex altos funcionarios del anterior gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y a otros seis exdirigentes de la AFA.
Segura, quien se encuentra en Estados Unidos a la cabeza de la delegación que acompaña al seleccionado argentino en la Copa América Centenario, fue procesado sin prisión preventiva por el delito de «administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública», según la resolución de Servini de Cubría difundida por el centro de información del Poder Judicial.
El directivo podrá permanecer en Estados Unidos, donde Argentina disputa el domingo la final de la Copa Centenario ante Chile, ya que no tiene restricciones a su libertad.
En tanto que los exjefes de gabinete de ministros del anterior gobierno kirchnerista, Aníbal Fernández, Juan Abal Medina y Jorge Capitanich fueron procesados por «incumplimiento de los deberes de funcionario público».
Servini de Cubría investiga supuestas irregularidades en el manejo de millones de pesos (dólares) de fondos públicos girados a la AFA entre 2009 y 2015 para la transmisión por televisión abierta de los partidos de primera y segunda división.
En 2009, AFA rompió el contrato por los derechos de transmisión que tenía con el Grupo Clarín, el conglomerado de medios más poderoso del país, y se los cedió al Estado a cambio de 600 millones de pesos (41 millones de dólares a la cotización actual). A lo largo de los años esa cifra fue aumentando considerablemente hasta ascender a los 1.700 millones de pesos (116 millones de dólares) en la actualidad.
La jueza designó el año pasado a un equipo de veedores para las cuentas de AFA que detectó una serie de irregularidades, entre ellas cheques diferidos por el pago de los derechos de televisión que varios clubes en situación apremiante canjeaban en financieras de dudosa propiedad.
Toda partida presupuestaria desembolsada por el Estado debe llevar la firma del jefe de gabinete.
«No hay acusación de corrupción, sino que la Jueza entiende que el Estado no controló lo suficiente el funcionamiento de la AFA y de los clubes», dijo Abal Medina, actual senador, en un comunicado. Agregó que tiene «la tranquilidad de haber actuado siempre de acuerdo a mis atribuciones y deberes de funcionario público, continuaré aportando todo lo necesario para una resolución transparente y expeditiva de esta situación».
En su resolución del jueves, Servini de Cubría declaró oficialmente la extinción de acción penal contra Julio Grondona, presidente de la entidad durante varias décadas hasta su muerte en 2014. La jueza consideró que el fenecido dirigente incurrió en «varias de las conductas reprochadas» en esta causa.
Además de Segura, también fueron procesados por administración fraudulenta los exsecretarios generales de AFA Rafael Savino y Miguel Angel Silva; los ex tesoreros Carlos Portel, José Lemme y Eduardo Spinosa; y Rubén Raposo, exgerente financiero de la entidad.
Exfuncionarios de segunda línea, Gabriel Mariotto y Pablo Paladino, fueron acusados formalmente por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, respectivamente.
Todos los acusados podrán apelar la decisión de la jueza ante la Cámara Federal.
