El Consejo Nacional Electoral violó la Constitución y las bases de la democracia cuando publicó la identidad de los firmantes a favor del referendo revocatorio, afirmó la organización no gubernamental Acceso a la Justicia.
De acuerdo con la ong la institución del Estado «desnaturalizó» el principio del secreto del voto y vulneró el artículo 60 que consagra el derecho a la privacidad, en una situación que «podría generar discriminación hacia quienes firmaron».
«El Poder Electoral, amparándose en el artículo 28 constitucional -que está destinado a proteger el uso que se le pueda dar a la información y data de las personas-, puso en su página un enlace para que cualquier persona pueda consultar si el portador de la cédula X firmó o no», señaló un comunicado.
«En este sentido, si el CNE es la instancia establecida en la Constitución para garantizar el secreto del voto, ¿por qué le dio un tratamiento diferente a las firmas para activar el revocatorio?», se preguntó la ong.
Así mismo, subrayaron otras razonas por las cuales consideran que la institución conducida por Tibisay Lucena incurre en desviaciones constitucionales. «La constante e improvisada modificación de las reglas de juego», fue una de ellas.
«Con el procedimiento para excluir las firmas, el CNE incluye otro trámite administrativo no previsto inicialmente, y lo más grave es que podría ser utilizado como instrumento de amenaza hacia las personas que firmaron para pedir el revocatorio», sostuvo Acceso a la Justicia.
Así mismo, señalaron «el excesivo formalismo para validar manifestaciones de voluntad. Al validar firmas con un procedimiento tan complejo, mediante mecanismos anunciados a posteriori del inicio del proceso, el CNE desconoció el principio del informalismo que rige en materia de procedimientos administrativos».
Lo más grave, de acuerdo con la organización, fue la amenaza de la Presidenta del CNE de suspender el proceso para el revocatorio ante cualquier «acto de violencia o alteración del orden público».
«Acceso a la justicia observa que la actuación de ninguna autoridad pública puede basarse, a falta de leyes expresas, en el ejercicio de facultades “discrecionales”; pues al hacerlo deja a las personas sujetas al capricho de quien pretende actuar sin competencia alguna», subrayó la ong.
