Durante tres años y medio, lejos de Colombia, en la Cuba de la revolución castrista, se ha tejido un complejo acuerdo que debería empezar a extinguir el último conflicto armado en América, que deja 260.000 muertos.
La fallida lucha por el poder que iniciaron hace 52 años las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una guerrilla de origen campesino y orientación comunista, está tocando su fin gracias a un proceso de paz iniciado en noviembre de 2012 que acaba de lograr su acuerdo más importante.
Anunciado este miércoles, dicho compromiso consagra el alto al fuego definitivo y el desarme de la organización, lo que antecede la firma de la paz. Así, gobierno y rebeldes han convenido cinco de los seis puntos que definieron para terminar con la guerra interna.
Queda por acordar el mecanismo de refrendación de lo pactado. Más allá del procedimiento (plebiscito o consulta popular), serán los colombianos quienes respaldarán o rechazarán en las urnas los compromisos de La Habana, según las partes.
Sin embargo, la firma y refrendación de la paz con las FARC no significará el fin automático del conflicto, porque todavía queda por pactar una solución con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla colombiana surgida también en 1964 bajo el influjo de la Revolución cubana.
Simultáneamente, el Estado enfrenta a bandas del crimen organizado vinculadas con el narcotráfico que se formaron tras la desmovilización de miles de paramilitares de ulraderecha. Estos son los acuerdos y antecedentes del proceso de paz con las FARC:
Fin del enfrentamiento
En tregua no oficial desde julio de 2015, las FARC y el gobierno anunciaron el 22 de junio de 2016 un acuerdo de alto al fuego definitivo que deberá empezar a regir en una fecha por anunciar en breve. Es la primera vez desde el fracasado cese bilateral del fuego que rigió entre 1984 y 1987, que las FARC se comprometen a bajar las armas.
El punto sobre el fin del enfrentamiento incluye además el desarme de los rebeldes bajo verificación de la ONU, garantías de seguridad para los excombatientes y el compromiso del gobierno de combatir a las bandas armadas de origen paramilitar.
Víctimas
El conflicto colombiano deja 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,6 millones de desplazados, según cifras oficiales. En diciembre de 2015, las partes anunciaron uno de los acuerdos más complejos de la negociación que busca reparar a las víctimas de las FARC, sancionar a los responsables de delitos graves y garantizar que nunca más se repetirá el enfrentamiento.
Como parte de ese acuerdo, se conformarán tribunales especiales que juzgarán a los guerrilleros y agentes del Estado involucrados en delitos relacionados con el conflicto. Habrá amnistía para los combatientes de las FARC que apenas se hayan alzado en armas, y los que estén acusados de delitos de lesa humanidad recibirán penas alternativas de presión si confiesan sus crímenes.
Narcotráfico
A partir de los años 80, el narcotráfico alimenta y agrava el conflicto colombiano. En mayo de 2014, las FARC llegaron a un acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos para la sustitución de cultivos ilegales en sus áreas de influencia. Las autoridades seguirán combatiendo el narcotráfico, pero darán alternativas de sustento a los campesinos que plantan hoja de coca y tratarán el consumo como un problema de salud pública.
Política sin armas
Las FARC depondrán las armas para convertirse en un partido político. En noviembre de 2013, suscribieron un pacto que les otorga garantías legales y de seguridad para que puedan competir en elecciones.
Problema agrario
Históricamente, las FARC justificaron su lucha armada en la defensa de los campesinos pobres y víctimas de la violencia estatal, y en la redistribución de la propiedad agrícola altamente concentrada. En mayo de 2013 anunciaron un acuerdo con el gobierno que prevé la concesión de tierras, acceso al crédito y la instalación de servicios básicos en zonas de conflicto.
