La oposición venezolana comenzó este lunes a validar las firmas que pueden activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, pero aún debe recorrer un largo e intrincado camino para deponer al mandatario.
¿Qué sigue ahora?
El proceso de autenticación se extenderá hasta el próximo viernes. La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) requiere validar 197.978 firmas (1% del padrón electoral) para conformar la «agrupación de ciudadanos» que solicitará la consulta.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó a 1,3 millones de personas que firmaron a favor del revocatorio a finales de abril, y ahora deben ratificar esa voluntad registrando sus huellas dactilares.
El CNE se tomará luego 20 días para revisar el proceso, hasta el 26 de julio.
Si se cumple el requisito, la «agrupación de ciudadanos» podrá solicitar autorización para recoger firmas equivalentes al 20% del registro electoral (3.959.560), necesarias para convocar el referendo.
El recaudo de esas rúbricas deberá hacerse en tres días continuos junto con las respectivas huellas.
Si se completa ese trámite, el CNE deberá fijar la fecha del revocatorio.
Para revocar a Maduro, el «sí» debería sacar más de los 7,5 millones de votos con los que el mandatario fue elegido tras la muerte del presidente Hugo Chávez en 2013 para completar el período de seis años.
Los tiempos
Si no se presentan imprevistos, la consulta podría celebrarse entre la segunda quincena de noviembre y mediados de diciembre, según el experto en temas electorales Eugenio Martínez.
La oposición quiere que el revocatorio se realice antes del 10 de enero de 2017, cuando se cumplen cuatro años del período que inició Chávez y viene completando Maduro.
Si el referendo ocurriera después de esa fecha y Maduro pierde, la Constitución prevé que el vicepresidente -nombrado por el mandatario- lo reemplace. Si el referendo se realiza antes, habrá nuevas elecciones.
Maduro asegura que este año no habrá consulta debido a los plazos legales que se deben completar.
Las amenazas
El pasado 13 de junio, Maduro presentó una demanda de «fraude» en la recolección de firmas ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que según juristas podría implicar el retraso del proceso e incluso su anulación.
El gobierno también planteó una demanda en la Fiscalía por usurpación de identidad contra los promotores del referendo, aduciendo que entre las 605.000 firmas invalidadas por el CNE figuraban cientos que pertenecían a personas fallecidas, presos y menores de edad.
Tanto el CNE como el TSJ son acusados por la oposición de servir al chavismo.
Por otra parte, el CNE determinó que el 1% de firmas exigidas para pedir la activación de la consulta corresponde al padrón de cada uno de los 22 Estados, y no a un total nacional. En caso de que la oposición no logre alcanzar el mínimo en alguna región, el CNE considerará incompleto el proceso y podría invalidarlo, explica Martínez.
Unas 650.000 personas -de las 1,3 millones habilitadas- viven en lugares donde no fueron instaladas máquinas «captahuellas», por lo que deben desplazarse a otros puntos para validar su firma, detalló el especialista.
Maduro ha advertido que la Constitución lo faculta para suspender «eventos de carácter electoral» en situaciones de emergencia económica, como la que rige desde enero pasado junto con un estado de excepción.
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