La incompetencia del gobierno para enfrentar el caos económico ha quedado en evidencia ante todos los venezolanos, incluso los que en algún momento fungieran como colaboradores cercanos del ex presidente Chávez: Jorge Giordani, Héctor Navarro y Ana Elisa, quienes entre otros han expresado sin tapujos los detalles de un gobierno que fracasó en sus “buenas intenciones socialistas” a punta de una malversación gigantesca que ha llevado al país a unos índices inflacionarios jamás experimentados en la historia nacional.
Aquí surgen más preguntas que respuestas: ¿por qué el gobierno aún no ha presentado un plan económico de recuperación y por lo contrario ha dejado que los índices económicos y sociales se ubiquen en niveles críticos en desmedro de los ciudadanos? ¿Acaso es la intención del gobierno crear miseria administrando las necesidades humanas?
En ninguna parte del mundo se justifica un gobierno como el que a duras penas se mantiene hoy en Venezuela: un gobierno con claridad en la visión de país debió iniciar desde el propio 1999 un proceso de desarrollo con énfasis en la diversificación de la economía, con miras a crear un aparato productivo activado para crear fuentes de empleo y poder adquisitivo real. Pero contrario a eso, las acciones del gobierno fueron dirigidas a quebrar la empresa privada ahuyentando los capitales nacionales y extranjeros, con lo cual se alteraron los factores económicos del sistema mundial de libre mercado del que formamos parte.
Ante la agudización de la crisis, el gobierno sólo se esfuerza en producir argumentos que son poco convincentes para los venezolanos y en controlar a los medios de comunicación en una carrera desesperada por mantenerse en el poder: los precios del petróleo que en algún tiempo resultaron favorables para el manejo populista de los programas sociales y para el enriquecimiento de la burguesía chavista ahora son una amenaza; por eso los organismos de seguridad están atentos para reprimir cualquier tipo de protesta y se resisten como buen gobierno militarista a crear las condiciones institucionales que abran paso a una salida institucional para la democratización del país.
Los ciudadanos están claros en que la OPEP no es responsable de la crisis económica; son responsables quienes profundizaron la dependencia petrolera y ellos son los que deben responderle al país. Porque esperar a que aumenten los precios del petróleo es llevar al país a una situación extrema de incertidumbre, de allí la escasez, el bachaqueo y la especulación que nos mantiene practicando una economía de contingencia: haciendo malabarismos para sobrevivir.
Mientras el gobierno se niegue a la apertura de un proceso de concertación con los venezolanos, sector empresarial y factores democráticos no habrá Decreto de Emergencia Económica ni Consejo de Economía Productiva que valgan. Los ciudadanos no pueden continuar haciendo más sacrificios en nombre de un gobierno parasitario y corrupto que no le rinde cuentas al país. Es el momento para que los venezolanos asuman su responsabilidad como ciudadanos y exijan la salida de un presidente-extranjero que representa todo tipo de intereses menos los nacionales. Para ello haremos uso del Referendo Revocatorio, en demanda de un gobierno de transición para la búsqueda de un proyecto de país ajustado a un modelo de desarrollo económico y social que restablezca el orden y las libertades democráticas.
