Ante la muerte de más ciudadanos durante el mes de junio en protestas por reclamos debido a la escasez de alimentos en el país, la organización Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, se pronunció a través de una nota de prensa, para repudiar el uso de armamentos durante las manifestaciones por parte de la GNB y los diferentes cuerpos policiales del país.
Informan que la primera víctima fue identificada como Jenny Elizabeth Ortiz Gómez, quien recibió varios impactos de perdigones en el rostro y la cabeza, durante la represión de una manifestación por falta de alimentos, el domingo 5 de junio. Por este suceso fue imputado el jefe de la Policía del estado Táchira, Yeisy Reneé Burgos Moreno.
A este hecho se sumó la muerte de Luis Josmel Fuentes, quien fue abatido por un impacto de bala el pasado sábado, durante la represión de una protesta en la comunidad de Cerezal, en Cariaco, estado Sucre, donde los pobladores habían trancado una carretera por la falta de comida.
El Ministerio Público (MP), imputó por este hecho al sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional Bolivariana, Carlos Eduardo Moreno Licet.
Asimismo, la Organización No Gubernamental (ONG) instó a las autoridades a cumplir el servicio de protección a la ciudadanía, así como el debido control de manifestaciones, siempre y cuando se garanticen los derechos humanos.
«Cualquier acción o presencia policial debe ser para garantizar los derechos humanos, y en caso de resistencia violenta, tiene que haber una respuesta proporcional y oportuna, respetando las normas nacionales, internacionales y el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial (UPDF)», expresan.
Por otra parte, exhortan al MP a investigar las severas represiones impartidas por los cuerpos policiales durante el control de protestas, y a tomar ciertas medidas, que a su juicio, garantizarían la vida de los ciudadanos durante cualquier manifestación.
«Realizamos un llamado al Ejecutivo Nacional, de hacer cumplir las leyes y prohibir la participación de funcionarios policiales no capacitados en el resguardo y control de manifestaciones, así como el uso de armas de fuego para el control de las mismas y el uso indebido y desproporcionado de armas no letales, como bombas lacrimógenas y escopeta de perdigones», puntualizan, y además reiteran su rechazo ante la Resolución 8610 publicada el 30 de enero de 2015, la cual establece que durante la represión de una protesta, el funcionario podrá aplicar el «método del uso de la fuerza potencialmente mortal».
