Todas las acciones que están siendo tomadas por órdenes de Nicolás Maduro, como consecuencia del decreto del Estado de Excepción, son ilegales y violentan la Constitución.
Afirmación en tal sentido es hecha por el Dr. Rafael Narváez, abogado penalista, exparlamentario, defensor de Derechos Humanos y coordinador nacional de la ONG Defensa por los Derechos Civiles.
En entrevista a EL IMPULSO, el conocido profesional del Derecho manifiesta que, a pesar de haber sido rechazado por la Asamblea Nacional, el jefe del Gobierno está aplicando ese decreto aprobado en Consejo de Ministros.
Hechos muy graves han ocurrido después de esa decisión presidencial, en particular el desbordamiento de la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que han traído como consecuencia la muerte y agresión de personas inocentes, detenciones arbitrarias y el irrespeto al debido proceso.
“Ahora la represión es cada vez más fuerte para los que manifiestan su descontento por padecer de hambre”, expresa. “El Gobierno no solamente ha criminalizado la protesta, sino que ahora los manifestantes están expuestos a la muerte”.
Al mismo tiempo, en otra forma solapada de violación a la Constitución, se ha impuesto el apartheid a la población que no es afecta al Gobierno, por cuanto la venta de la escasa comida ha sido confiada al Partido Unido de Venezuela a través de un aparato denominado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que ahora reciben la mayor parte de los productos y los venden en bolsas.
Este aparato tiene algún parecido con los soviets de los comunistas de la desaparecida Unión Soviética, porque el objetivo es darle de comer, lo poco que puede haber, solamente a los afectos del Gobierno y dejar que se mueran los demás.
Constitución pisoteada
-¿Cómo entender que haya un Estado de Excepción por una situación prolongada de escasez y desabastecimiento?
-No se justifica que se decrete un Estado de Excepción conectado con una emergencia económica, que supuestamente tiene que ver con una “guerra económica”, de la cual se ha venido hablando durante mucho tiempo y que el gobierno la sigue perdiendo, porque el país no está produciendo lo que necesita.
Es ilegal e inconstitucional porque quien niega o aprueba es la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia no puede interpretar cuando los diputados discuten el contenido del decreto y lo rehazan.
La Asamblea Nacional tiene su origen en el voto secreto y, por tanto, tiene un mandato legítimo para examinar las disposiciones presidenciales, porque precisamente es el órgano de control de los demás poderes públicos.
Los magistrados del TSJ pisotean la Constitución. Ese Tribunal no puede pasar por encima de la soberanía nacional, ni tampoco puede atribuirse la facultad de organismo legislativo porque sus funciones son muy específicas en la Constitución y las cuales no son otras que las de impartir justicia, al más alto nivel.
Al darle su visto bueno a ese decreto, los cuerpos policiales, que al parecer desconocen lo que es un Estado de Excepción, están violentando la Constitución al reprimir a un pueblo que está reclamando el derecho humano a la alimentación.
El Estado está en la obligación de dictar políticas económicas para que los nativos y también los que han escogido como su residencia nuestro país tengan la posibilidad de tener un salario digno que pueda cubrir las necesidades de la canasta básica y de la canasta alimentaria.
Desde luego, debe preocuparse porque haya suficientes alimentos para garantizar la calidad de vida de la población
La escasez y el desabastecimiento no es solo de alimentos, sino de medicamentos, situación muy grave porque, por una parte, todos los días hay protestas, saqueos e intentos de saqueos para conseguir comida y por la otra, ya son innumerables, porque no hay estadísticas, de niños, adultos y ancianos que han muerto por falta de tratamiento médico como consecuencia de la falta de los fármacos.
No se consiguen antihipertensivos, los enfermos renales no tienen las diálisis a tiempo, los diabéticos tampoco consiguen las pastillas para controlar su enfermedad, los afectados de cáncer fallecen porque ya no pueden recibir las quimioterapias y demás ayudas que requieren, y los que padecen VIH también están pasando dificultades.
Pero, además de que el Gobierno no acepta la ayuda que pueden proporcionar otros países, porque pretende ocultar una situación harto conocida en el exterior y que demuestra el fracaso de su modelo ideológico y económico, en vez de buscar alimentos y medicinas, combate la angustia, la desesperación y la preocupación de la gente con gases lacrimógenos, perdigones, balas y con una feroz represión a través de los cuerpos policiales.
Todo esto ocurre ante la mirada complaciente de un Ministerio Público, que debe restablecer la legalidad de los organismos de seguridad, aparte de que el Presidente de la República también sobrepasa sus funciones porque actúa como acusador y lo hace en forma pública.
Estamos en presencia de un desbordamiento de los cuerpos de seguridad –especialmente la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional- y los grupos armados que actúan impunemente ante la vista de los organismos del Estado que deben impedir que éstos colectivos, como se hacen llamar, agredan a los ciudadanos, violando leyes y la propia Constitución.
Esto está ocurriendo todos los días cuando la gente sale a buscar alimentos y ya vemos que cuando los periodistas, que son los que reflejan lo que está pasando en el país, son atacados por esos delincuentes armados, quienes les arrebatan sus instrumentos de trabajo y los agreden físicamente.
En Caracas, por lo menos 17 periodistas, durante una protesta de la gente que exigía la compra de alimentos en la avenida Fuerzas Armadas, fueron atacados por esos colectivo ante la mirada indiferente de la Guardia Nacional y la PNB.
Lo más grave y repudiable es que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, no actúa, convalida la impunidad y, como ya vemos, está más preocupado por lucir cada vez un nuevo look y mostrar su tatuaje en el cuello.
El defensor, que es abogado, no podría tolerar este Estado de Excepción. No cumple con sus funciones. No se hace presente en los sitios donde hay colas, ni se da por enterado de las arbitrariedades de los funcionarios que agreden a los ciudadanos, ni de las humillaciones que sufren los enfermos, las personas de la tercera edad y los discapacitados que permanecen horas esperando adquirir uno o dos productos. Se ocupa de defender al Gobierno y declarar sobre política como un dirigente más del PSUV, ya que sigue pensando como diputado y gobernador de estado que fue hasta que lo nombraron para este cargo. Es otro que está pendiente de lo que dice Maduro.
Ministro cobarde con el hampa
-¿Considera exagerada la actuación de los cuerpos de seguridad?
-Extremadamente exagerada. Las protestas son reprimidas no solo con gases lacrimógenos, sino con balas de polietileno. Se están violando normas internacionales. No se pueden utilizar sustancias tóxicas en las manifestaciones. Hay otras vías para disuadirlas. Sin embargo, aquí, el ministro González López es valiente para reprimir a los ciudadanos indefensos, pero es cobarde ante el hampa que está muy bien armada con zonas propias dadas desde septiembre del 2013 por el gobierno y las cuales son guaridas de bandas criminales, a donde no penetran los funcionarios que deben combatir la delincuencia.
La represión se ha acrecentado con el Estado de Excepción y, por supuesto, la violación a los derechos humanos. La mayoría de quienes actúan contra la población son jóvenes. Ahora han adoptado la modalidad de colocar a oficiales de policía femenina en impedir manifestaciones para luego, en caso de que los manifestantes intenten seguir su protesta, aplicarles la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer en una Vida Libre de Violencia.
Se han dado casos, desde el 2015, de civiles juzgados por tribunales militares por delitos de ultraje al centinela y ataque al centinela después de ser apresados manifestantes protestando en manifestaciones de colas ante establecimientos comerciales..
Estamos en presencia de un Estado que no quiere reconocer que hay hambre, escasez y desabastecimiento.
Ya son innumerables los testimonios de personas que confiesan que por falta de alimentos están comiendo mangos y yuca. Aún más, ya los extremadamente pobres rebuscan en la basura algo que les sirva para comer. Insólito que eso esté ocurriendo en el que fue el primer país petrolero de la América Latina.
Muertes de niños y mujeres
-¿Cuál es el hecho más impresionante de toda esta situación que padece el país?
-Las muertes de niños por falta de medicinas. El caso de Oliver Sánchez, enfermo de cáncer, la última semana de mayo, ha dado la vuelta al mundo, porque este niño de 8 años hizo una pancarta dos meses antes de su fallecimiento pidiendo salud y paz, en una manifestación pública, donde estuvo rodeado por efectivos armados. También los niños que han muerto en incubadoras cuando ha habido suspensión del servicio eléctrico. Y otros muchos más por falta de medicamentos.
Igualmente, han muerto mujeres inocentes. No se puede olvidar el caso de María Aguirre, una anciana , de 76 años, en Sabaneta de Barinas, en agosto de 2015, cuando fue pisoteada por miles de personas cuando se abrió un establecimiento, donde iban a vender alimentos.
Y hace unos días falleció Yenny Elizabeth Ortíz Gómez, de 42 años, al recibir perdigonazos en la cara, cuando la policía del Táchira, en San Cristóbal, llegó disparando, según testimonio de su hijo de 16 años, que fue golpeado cuando pedía auxilio para su progenitora, en un sitio donde la gente reclamaba alimentos. Son tragedias que ha dejado esta crisis.
-¿No vale nada la vida en un Estado de Excepción?
-El Estado de Excepción cuando es legal, pero este no lo es, debe respetar las garantías mínimas de los ciudadanos. Sobre todo el derecho a la vida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Estado de Excepción, el artículo 339 de la Constitución de la República, el 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 272 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en el caso de la víctima del Táchira hubo un crimen por funcionarios policiales.
Además la Ley de los Estados Excepcionales garantiza la protección a la familia y otros derechos que no pueden ser violados, como el debido proceso.
El Gobierno establece el apartheid
-El Gobierno, precisamente cuando ha puesto en vigencia la Ley de Estado de Excepción, ha implantado un ensayo de distribución de alimentos a través de los CLAP. ¿Cuál es su opinión ante las protestas que ha ocasionado este nuevo sistema oficial para eliminar las colas?
-Se está violentando la Ley de Estados de Excepción porque estos CLAP son conformados por gente afecta al gobierno y la distribución de alimentos se hace en forma discriminatoria. Es un nuevo modelo de apartheid político. Todo está coordinado por los consejos comunales del PSUV y quien no esté inscrito en ese partido, pues, se muere de hambre. Ahora el CLAP, que es el mismo PSUV, decide quién come, cómo come, a qué hora come. Los demás que se mueran de hambre.
No podemos pasar por alto el fenómeno de la reventa de productos a precios excesivamente altos por parte de los bachaqueros; pero, éstos es una consecuencia del problema ocasionado por el propio Gobierno con sus medidas económicas que han traído escasez y desabastecimiento.
Es lamentable que desde el año pasado hayan venido en aumento los saqueos e intentos de saqueos de establecimientos comerciales, depósitos y galpones donde hay alimentos, así como camiones que transportan productos.
-Usted mencionó como un derecho inviolable el debido proceso en la ley de Estados de Excepción. ¿Qué nos puede decir al respecto?
-Es sencillamente el derecho a un abogado, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, a ser oído una vez que la persona es detenida; es decir, respetar las condiciones mínimas. Eso no está ocurriendo. Porque detienen en forma arbitraria al ciudadano o a la ciudadana, se los llevan y el ministro de Justicia, se da la atribución que no le corresponde, de decidir, sin pasar por la audiencia de presentación, que es el derecho a la defensa cuando se comete presuntamente un hecho punible.
En este ilegal Estado de Excepción se detiene arbitrariamente, sin orden de allanamiento, se los llevan a un establecimiento militar y luego el ministro ordena enviar a los detenidos a una cárcel.
Generalmente, los detenidos son muchachos y abogados han denunciado que se les aplica tortura con electricidad y obligados a comer arepas con moscas. Estas son prácticas de gobiernos dictatoriales y totalitarios.
