Escribir sobre la educación en Venezuela no resulta una tarea fácil, sin embargo en aras de opinar sobre un tema tan sensible a la opinión pública vamos a correr el riesgo que el desarrollo del asunto implica.
Para nadie es un secreto la crisis por la cual atraviesa nuestro sistema educativo; algo que no es nuevo: se remonta a mucho tiempo atrás y cabalga con la crisis misma del país en su conjunto.
Tanto la Constitución Bolivariana, como ayer la de 1961, garantizan a los venezolanos la gratuidad de la enseñanza y el Estado es responsable de que la educación funcione con calidad y eficiencia, vocablos totalmente ausentes en el andamiaje que sostiene el proceso educativo venezolano.
Quienes fuimos formados en colegios, liceos y universidades públicas podemos concluir en que, si bien estos eran muy pocos numéricamente, el sistema de educación que se impartía rebasaba cualquier expectativa en cuanto a la calidad de la educación recibida, lo cual nos hace pensar que en los últimos años el Estado se conformó con un crecimiento en cantidades de aulas construidas, descuidando la formación docente y el rendimiento de los educandos.
Todo el sistema educativo del país se descuido a tal extremo que los índices de analfabetismo crecieron vertiginosamente y los índices académicos de los egresados se ubicaron tan bajos que no los hacía elegibles para aspirar a disfrutar de programas de becas como el Gran Mariscal de Ayacucho o a ingresar en universidades de prestigio en el país.
Para llegar a esta situación, lógicamente que se conjugaron muchos factores concurrentes; en primer lugar la escasa formación del personal docente; en segundo lugar la poca exigencia en el rendimiento del educando; y en tercer lugar la pérdida del control por parte del Estado de la supervisión y orientación de escuelas, liceos y universidades.
A todo esto tendríamos que agregar dos factores, que no forman parte de la educación misma, pero que la complementan, como son: la pésima infraestructura física y los constantes conflictos laborales por incumplimiento de la contratación colectiva, dando lugar a permanentes paros y huelgas, convirtiéndose algunas veces los educadores en sindicaleros de oficio, en lugar de maestros de aulas.
Esta situación se pensó resolver con la aparición ilimitada de planteles de educación privada, en todos sus niveles, pero a la larga fue una solución a medias puesto que, si bien en estos planteles se tiene garantizada la no interrupción de clases, se cuenta con una buena infraestructura física y se le exige al educando un buen rendimiento académico, la calidad de la educación impartida, en algunos casos deja mucho que desear, por la escasa formación de algunos de sus docentes o por los bajos salarios que estos devengan.
Por estas y muchas otras razones creemos que la labor supervisora del Estado debe rescatarse y exigirle tanto a la educación pública como privada, altos niveles de rendimiento, sin que esto signifique estatizar la educación, puesto que la experiencia indica que por haber sido tan permisivos en el pasado hemos llegado al grado de postración que mostramos, lo cual nos obliga a recordar la célebre frase de nuestro Libertador: “Las naciones marchan hacia su grandeza con la misma fuerza de su educación”. Valor y pa´lante.
