Al agudizarse la conflictividad social, se profundizarán los ataques a la prensa.
Periodistas y reporteros gráficos durante el ejercicio de su labor son el blanco de grupos irregulares, colectivos violentos, funcionarios del Estado y cuerpos de seguridad.
Así lo sostiene Mariengracia Chirinos, coordinadora de Libertad de Expresión en el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), quien observa con preocupación el recrudecimiento de estas agresiones desde el mes de mayo.
Solo el jueves 2 de junio, durante la cobertura de varias protestas en Caracas, 19 trabajadores de la prensa entre periodistas, fotógrafos y camarógrafos fueron amenazados, robados y en otros casos golpeados por civiles armados, ante la pasividad y en otros casos acción cómplice de los efectivos policiales.
En las regiones estos sucesos no se quedan atrás. La ONG Movimiento Vinotinto, registra hasta la fecha, 7 agresiones a comunicadores sociales, cifra que pudiera elevarse a 10 según el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Lara.
Asimismo, la Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz), repudió recientemente prácticas intimidatorias para silenciar a periodistas independientes.
Un caso puntual son las agresiones al periodista Luis Alberto Perozo Padua, quien en par de ocasiones ha recibido él y su familia amenazas directas, luego de que hiciera eco de un par de denuncias sobre el mal funcionamiento del servicio de gas (noviembre 2015) y el mal estado de las bolsas de comida de Pdval en el municipio Palavecino (15 febrero).
Padua y su familia han recibido mensajes a través de panfletos arrojados cerca de su casa.
Su familia también ha sido expuesta luego de que el periodista hiciera par de denuncias a través de sus redes sociales y cuando prestaba servicios en EL IMPULSO.
Para Funpaz la libertad de expresión y el ejercicio periodístico ha estado bastante limitado en los últimos 17 años.
En Lara se han registrado cinco casos por intimidación, uno por restricción administrativa y uno por agresión, reveló la asociación civil.
Por su parte, el abogado Manuel Virgüez, director de Movimiento Vinotinto, expresa que tales acciones se llevan a cabo durante las colas que a diario se originan en la región producto del desabastecimiento y escasez de alimentos y medicinas.
“Observamos una hipersensibilidad por parte de los funcionarios de los cuerpos de seguridad hacia la cobertura que hacen los comunicadores sociales de una realidad que es innegable. Hay intimidación, agresión y amedrentamiento”, indicó.
Virgüez recordó el caso de la periodista Diana Moreno, quien fue detenida por tomar fotografías en un establecimiento comercial al este de Barquisimeto durante una cola.
Moreno denunció que la Guardia del Pueblo la retuvo “preventivamente” aproximadamente por dos horas luego de tomar fotografías mientras hacía una cola para adquirir productos de la canasta básica.
Los reporteros gráficos y fotoperiodistas son mucho más vulnerables.
Por citar apenas un caso, recientemente, el reportero gráfico Juan Brito, de esta casa editorial, mientras cubría la repartición de unos números en el establecimiento Cecocesola, fue intimidado por funcionarios policiales que obstaculizaron su labor.
Sin razón alguna y rodeando al reportero gráfico, lo presionaron para que eliminara de su cámara una imagen que reflejaba a una funcionaria ayudando en la asignación de los puestos.
Luego de esa acción procedieron a amedrentarlo al solicitar y registrar de forma amenazante sus datos personales en caso de que se llegara a hacer pública la foto.
En la capital
Por otro lado, en virtud de las diferentes marchas que se han efectuado en Caracas hasta el CNE a propósito de la solicitud que hace la Mesa de la Unidad Democrática para activar el referendo revocatorio, numerosos trabajadores de la prensa han sido agredidos, tal como lo ha reportado la organización Espacio Público.
Ante esos sucesos y los más recientes, ocurridos en el centro de Caracas -una protesta por alimentos- Espacio Público rechazó la criminalización a la cual está sometida la prensa venezolana al ser hostigada, amenazada e intimidada de manera reiterada por grupos armados mientras realizan coberturas de calle.
Entre enero y mayo de este año Espacio Público ha registrado 40 casos de intimidación, entre impedimento de cobertura, confiscación de equipos y material, detenciones arbitrarias y 19 casos de agresiones contra trabajadores de la prensa. Situación que es alentada por un discurso hostil desde el alto gobierno y por la impunidad asociada a la falta de investigación de los hechos violentos denunciados.
Ante esta realidad se exige que el Ministerio Público adelante las investigaciones correspondientes de los hechos ocurridos y sancione a los responsables, sean funcionarios públicos o civiles, en el marco de las garantías constitucionales.
Estas investigaciones deben conducir a establecer las responsabilidades de manera conclusiva con un procedimiento adelantado de manera independiente.
Además, el Estado debe garantizar la búsqueda y registro de información tanto de periodistas como de infociudadanos a fin de respetar y preservar el derecho humano a la libertad de expresión de todos los venezolanos.
Los datos de IPYS
Mariengracia Chirinos reitera que se han exacerbado los conflictos hacia la libertad de expresión, mayormente hacia los periodistas desde el mes de mayo.
“Hemos registrado a lo largo del año una tendencia hacia la conflictividad bastante fuerte que se recrudeció y dirigió a la labor de los comunicadores en la cobertura de calle, durante la denuncia ciudadana, coberturas de colas o protestas por servicios”.
Apuntó que esa realidad eleva el riesgo del oficio periodístico en la cobertura de hechos que son de interés público.
“Se limita al periodista a ejercer su labor y también se imponen una serie de obstáculos para que el ciudadano no reciba información pertinente, oportuna y adecuada”.
Respecto a los hechos del jueves 2 de junio en el centro de Caracas, cuando 19 periodistas fueron afectados por cubrir un conflicto por la compra de alimentos, al Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) le preocupa la actuación de grupos armados y funcionarios públicos de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Destacó la actuación del jefe de Gobierno del municipio Libertador, Daniel Aponte, quien le robó el teléfono a Deivis Ramírez, periodista de El Universal, cuando cubría una cola.
“Hay una diversidad de actores estatales y no estatales que actúan de manera violenta para impedir la labor de los periodistas sin ningún tipo de riesgos o amenazas”.
Destacó que ya el IPYS había advertido sobre actitudes violentas de Aponte porque fue uno de los diez funcionarios más violentos que figuró en el tuitómetro parlamentario. Esta persona que no logró alcanzar un curul en el Parlamento fue uno de los premiados con cargos públicos.
Los ataques contra la libertad de expresión se centran en la cobertura de calle, suministro e insumos de impresión, así como de papel periódico, intimidación por parte de funcionarios públicos a través de alocuciones oficiales o redes sociales que causan un efecto inhibidor en los periodistas que ante el temor prefieren guardar silencio para no exponer su integridad o su libertad.
“En los primeros cinco meses del año nosotros contabilizamos 166 casos de violaciones a la libertad de expresión, lo cual supone un comportamiento más o menos similar al del año 2015 cuando se registraron 158 casos. Ya sobrepasamos esa cifra”.
Las mayores dificultades para el ejercicio del periodismo fueron en el mes de mayo, cuando se contabilizaron 41 casos. En enero el reporte fue de 34 casos, en febrero 35, en marzo 33 y en abril 23.
-¿La tendencia es a elevarse estos números?
-En la medida en que aumenta los conflictos de calle y las protestas también aumenta el riesgo para la cobertura periodística, supone mayor riesgo. En el marco de la cobertura de protestas ha habido detenciones arbitrarias, agresiones físicas, hechos de intimidación, robo y confiscación de equipos. Hay mayor riesgo en la exposición de los periodistas en la calle.
Esto se aprecia en las protestas y procesos electorales. Los mayores riesgos se centran en periodistas, reporteros, fotógrafos y camarógrafos. Además, se han venido afectando asistentes técnicos y conductores, el equipo como tal. Las mayores violaciones estos tres últimos años están dirigidas a periodistas de medios privados, eso no quiere decir que sea solo así, también reportan casos de agresiones a periodistas de medios del Estado y medios comunitarios.
CNP
Aura Rosa Matheus, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), indicó que la denuncia no puede ser sólo a través de las redes sociales, debe formalizarse el caso ante el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo.
“Tengo conocimiento que en las colas los bachaqueros y los funcionarios de seguridad están intimidado a los periodistas, lo cual es un hecho grave que pone en riesgo el oficio”.
Exhortó a la sociedad civil a proteger a los comunicadores, a respaldar su labor y a registrar cualquier acción fuera de la ley en la cual resulte agredido un reportero.
“Es muy lamentable que la gente atente contra una cámara, que representa un bien que le pertenece al periodista o reportero gráfico”.
Matehus rechazó y repudió cualquier tipo de agresión y llamó al gremio a estar unidos en esta lucha y compromiso con la sociedad que conjuga la labor periodística.
Denuncia, no guardes silencio
El periodista debe saber que cubrir un hecho de interés público es su derecho y se debe respetar esa labor.
“Los periodistas no son parte del conflicto, están allí para documentar lo que está ocurriendo”, expresó Chirinos.
Le hizo un llamado a la ciudadanía a registrar en la medida de lo posible, sin exponer su vida, estos hechos de violencia contra los comunicadores sociales y los propios ciudadanos, que suelen ser afectados bajo los mismos patrones que los reporteros. La entrevistada agregó que en la medida en que estos hechos se registren hay mayores posibilidades de comprobar lo ocurrido para hacer una denuncia documentada. “Los periodistas tienen derecho a ejercer su labor libremente y cualquier detención arbitraria o a la fuerza está fuera de la ley, por lo cual debe ubicarse a un abogado que pueda asistir el caso y denunciar públicamente”.
Denunciar los hechos permite prevenir que se generen hechos futuros hacia el mismo periodista afectado u otros comunicadores, no guardar silencio es fundamental, así como seguir los canales regulares.
Si no se formaliza la denuncia, se avala la impunidad.
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