Cuatro visiones del Estado de Excepción de enero de 2016 fueron expuestas ayer en el Colegio de Abogados de Lara, en un encuentro también organizado por la Asociación Civil Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz). Los analistas de la actividad fueron el abogado y defensor de derechos humanos Rafael Narváez, la economista Marisela Cuevas, el sociólogo Carlos Meléndez y la abogada Oriana Mendoza.
Durante su disertación, Narváez afirmó que el Estado de Exepción fue aplicado de forma ilegal y que además en la práctica han habido faltas a garantías constitucionales.
Recordó que si bien en situación excepcional el presidente de la república en consejo de ministros puede promover este, es el poder legislativo quien tiene facultad de aprobarlo o negarlo. Subrayó que al ser negado, no existe instancia que pueda interpretar dicho fallo, por lo cual la actitud omisa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), falta al poder originario y legítimo del parlamento, uno de los dos poderes elegido por voto popular.
Sobre las consecuencias de este decreto, ejecutado en su mayoría por cuerpos de seguridad del Estado, manifestó que el desconocimiento de la ilegalidad del mismo ha permitido aplicar una represión desbordada, también aupada por la falta de observancia del poder ciudadano y la Defensoría del Pueblo, que tampoco habrían velado por el cumplimiento de las garantías constitucionales.
Citó la opresión de la cual son objeto los ciudadanos en las colas y la reciente muerte de una mujer tachirense, tras saqueo, quien recibió impacto de múltiples perdigones por parte de cuerpos de seguridad. Subrayó que en este caso se vulneró el derecho a la vida, primera garantía constitucional.
Sobre la garantía de igualdad ante la ley, manifestó que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) son sistemas discriminatorio.
El defensor de derechos humanos agregó que tampoco ha habido garantías del debido proceso, ya que en protestas pacíficas de estudiantes, para invocar el proceso de Referéndum Revocatorio, no se han respetado los derechos a abogado, a ser oido, a juez natural, a las pruebas y a presunción de inocencia. También han habido detenciones arbitrarias.
Criticó que el ministro Gustavo López González pasara por encima del Ministerio Público y TSJ, al acusar y condenar a detenidos por la referida causa, basado en el Estado de Excepción y el silencio de los poderes públicos.
A esto sumó que “el hampa es dueña del territorio venezolano” y que, junto a “cuerpos de seguridad cómplice” y pranes, genera en los venezolanos un toque de queda autoestimado o el deseo de obtener la justicia por manos propias, situación que se repite con frecuencia en diversos puntos del país.
Por tanto, criticó que el Estado de Excepción se aplique a personas que exigen se cumpla su derecho a la alimentación y a la salud, derechos humanos constitucionalmente reconocidos.
Subrayó que a fin de que el país retome su cause democrático, debe buscar soluciones con planteamientos justos, para no vivir un segundo Caracazo.
Económicamente fracasado
Marisela Cuevas, economista, manifestó que los supuestos de la declaratoria de Emergencia Económica no son válidos, al contemplar acciones de las cuales ya gozaba el Ejecutivo. Recordó que allí el gobierno se refiere a caída de los precios del petróleo, inflación inducida y guerra económica.
En este sentido, precisó que lo realmente destacable de esta figura es la disposición de recursos, fuera del presupuesto y la discrecionalidad de la que goza el Ejecutivo, para emplear partidas según considere conveniente, sin vigilancia de la Asamblea Nacional.
Sobre si ha sido favorecedor o no el decreto para el país, la economista expresó que con base en las cifras de enero de 2016 a la fecha, comparado con datos de 2015, indicadores como la inflación se estiman en 700%, contra 140% del pasado diciembre. A esto agregó disminución de las reservas internacionales e incrementó de la escasez y el acaparamiento.
Subrayó, por tanto, que no se aprecian efectos cuantitativos del decreto, ya que la economía no ha mejorado, sino que por el contrario ha habido estanflación (alta inflación y producción estancada).
Planteó que lo ideal para este decreto habría sido la eliminación de control de precios y de cambio, promoción de una estructura legal favorable para las inversiones y establecimiento de reglas claras, a fin de generar confianza en los inversionistas, quienes pueden activa la economía.
Destacó que el problema de los motores económicos, es la falta de condiciones para el desarrollo de los sectores, las cuales puede propiciar el Ejecutivo, como actividad propia y sin necesidad de decretar la creación de un motor.
Evadir las disidencias
El sociólogo Carlos Meléndez, expresó que el Decreto de Estado de Excepción es un instrumento que profundiza la utilización de la fuerza represiva por parte del Estado al dar potestad a las fuerzas encargadas del control político y social para evitar cualquier tipo de manifestación opuesta al gobierno.
Sobre sus consideraciones, manifestó que la figura se decretó sobre la base de supuestos de movimientos políticos contrarios, aliados con fuerzas exteriores que atentan contra el Ejecutivo. Esto con el objeto de anular las posibilidades de los movimientos políticos disidentes.
Sobre el mensaje que el Gobierno nacional comunica con este decreto, Meléndez manifestó que tomando en cuenta el contexto y los participantes, el Estado da a entender una profundización de la fuerza, lo que le permite al gobierno controlar la protesta, limitando los movimientos opositores.
Precisó que en Venezuela cada vez se ve más comprometida la democracia, que ya presenta atisbos de dictadura. Asimismo, indicó que el presidente Nicolás Maduro ha profundizado el militarismo por la falta de carisma. Se trata de un sector que ha perdido popularidad y legitimidad, y que registra alta conflictividad.
Consideraciones negativas
Sobre los alcances y limitaciones del decreto, Oriana Mendoza, asesora jurídica de Funpaz, señaló el planteamiento del ejecutivo se basa en 11 consideraciones las cuales no se centran en las modalidades del Estado de Excepción, ni a la Emergencia Económica que aduce en el título introductorio.
Subrayó que en el documento se hace referencia a sectores opositores y acciones desestabilizadoras, colocando en una misma generalidad a la población, por no compartir una ideología política, lo que atenta contra alcances que deberían ser resguardados por el mismo decreto, entre estos los derechos humanos constitucionales y la autonomía de los poderes públicos
Destacó que una de las consideraciones se refiere al reciente cambio de AN, lo que demuestra la negativa de permitir la autonomía de poderes.
A esto agregó que el artículo 3 del decreto brinda facultades al Ejecutivo para crear las medidas que considere. Calificó como “grave” que se le brinde poderes ilimitados, sin controles previos.
La abogada indicó que situaciones como esta, apreciables en la confrontación entre poder legislativo y judicial, generan aún más desesperación en la población que ha salido a la calle, no sólo a hacer cola, sino para convertirse en accionares de vandalismo, responsabilizando de esto a quienes ejercen la protesta pacífica, exigiendo el reconocimiento de un derecho, como es la derogatoria de este decreto, el cual transgrede garantías constitucionales y humanas.
El problema radica en no reconocer el fracaso del modelo de Estado venezolano, sentenció.
